Las movidas en el Congreso para elegir el nuevo contralor general: así se mueve el sonajero de los candidatos más sonados

La elección del próximo contralor entró en una fase de negociación política en el Congreso de la República de Colombia, pero el proceso sigue abierto porque dos demandas en el Consejo de Estado podrían dejar sin efecto la convocatoria actual y obligar a empezar de nuevo antes de la votación del 12 de agosto.

Hoy hay cuatro aspirantes que concentran la puja política, aunque ninguno tiene aseguradas las mayorías. Al mismo tiempo, dos demandas ante el Consejo de Estado cuestionan la convocatoria que produjo la lista de diez finalistas y una decisión judicial antes de esa fecha puede mantener la carrera o suspenderla.

A menos de un mes de la elección, la competencia dejó de depender solo de hojas de vida y puntajes. Ahora pesa la capacidad de cada aspirante para reunir apoyos alrededor de uno de los cargos que vigilará la ejecución de más de 2.000 billones de pesos en recursos públicos durante los próximos cuatro años.

La elección coincide con la instalación de un nuevo Congreso y con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ese arranque político ya dejó una señal con la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, cuando partidos de orillas distintas actuaron juntos para cerrarle el paso al candidato del nuevo Ejecutivo.

Los cuatro nombres que concentran la puja

De los diez elegibles, cuatro nombres aparecen al frente de las conversaciones: Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo. Todos empezaron a sumar respaldos políticos que hoy los ponen por delante del resto, según un reciente informe de la revista Cambio.

Zuluaga, exvicecontralor general de la República, figura en casi todas las cuentas por su cercanía con Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. También recibe valoraciones favorables en sectores del Pacto Histórico por su papel durante la administración de Carlos Hernán Rodríguez, etapa en la que incluso ocupó la Contraloría de forma encargada.

Ese mismo cruce de apoyos también le genera resistencias. Según fuentes consultadas por la revista citada, algunos dirigentes todavía lo identifican como candidato del actual contralor, aunque personas cercanas a ambos sostienen que esa relación se fracturó hace meses, y un eventual respaldo del petrismo podría jugarle en contra frente al gobierno entrante.

Por su parte, Andrés Castro, actual personero de Bogotá, excontralor de Bogotá, excontralor delegado para el sector Justicia y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, llega con una amplia trayectoria en organismos de control. Su cercanía con Gregorio Eljach, procurador general, le abrió puertas en casi todas las bancadas y lo convirtió en uno de los aspirantes con menos rechazo entre los partidos tradicionales.

Sin embargo, ese respaldo también se volvió su principal flanco de ataque, pues varios legisladores concuerdan en que nombrarlo en la jefatura de la Contraloría significaría aumentar el poder de Eljach en los organismos de control. “Sería entregarle también la Contraloría”, advirtió un parlamentario anónimo a la revista Cambio.

Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, gana espacio por su conocimiento del Congreso y por apoyos que le atribuyen al expresidente del Senado Lidio García y al expresidente del Partido Liberal Simón Gaviria. Si logra unir a buena parte del liberalismo con sectores del Pacto Histórico y congresistas del Centro Democrático, podría acercarse a los 165 votos que exige la elección.

Finalmente, Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, aparece como la única del grupo que tendría guiño del gobierno entrante. Detrás de su aspiración ubican a un sector político del Cesar encabezado por el exministro Sergio Araújo, además de su paso por la comisión de empalme del sector Hacienda del nuevo Gobierno, según información conocida por Cambio.

Pero su nombre tampoco está libre de reparos. Su paso por la administración de Carlos Hernán Rodríguez genera reservas entre algunos integrantes del Gobierno de De la Espriella, que ven inconveniente en que la entidad siga bajo influencia de personas cercanas a la dirección saliente.

Detrás de ese grupo siguen otros aspirantes que también aparecen en las conversaciones: Julián Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Luis Enrique Abadía García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Herrera. Abadía, además, ocupó el primer lugar en el ranking consolidado del proceso.

El Consejo de Estado puede cambiar toda la contienda

Mientras el Congreso hace cuentas, la otra batalla se libra en el Consejo de Estado. Allí cursan dos demandas que buscan dejar sin efecto la convocatoria que produjo la lista de diez finalistas.

La primera la presentó Julio César Castañeda Acosta. Su reclamo cuestiona varios criterios con los que el Congreso calificó las hojas de vida y sostiene que la Mesa Directiva modificó aspectos ya definidos por la Ley 1904 de 2018, además de crear condiciones de evaluación no autorizadas por el legislador.

La segunda demanda, presentada por Lina Sofía Restrepo Noriega, va más allá. No cuestiona únicamente las reglas de la convocatoria, sino que pide dejar sin efecto varias decisiones que permitieron llegar a la lista final sobre la que hoy debe votar el Congreso.

El expediente tuvo un cambio la semana pasada. El magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez presentó un proyecto para negar la medida cautelar solicitada en la primera demanda, pero la Sala lo rechazó por tres votos contra uno.

Tras ese revés, el caso pasó al despacho de la magistrada Gloria Gómez. Ella deberá presentar una nueva propuesta, que puede volver a negar la cautelar con otra argumentación o plantear la suspensión del proceso mientras se resuelve el fondo del litigio.

Dentro del alto tribunal existe acuerdo en un punto. La decisión sobre la medida cautelar debe conocerse antes del 12 de agosto, fecha fijada para la elección del nuevo contralor.

Si la Sala vuelve a negar la suspensión, el pulso seguirá en el terreno político. Si decide frenar el proceso, el Congreso tendría que detener la elección y abrir otra etapa con una lista potencialmente distinta.

La apuesta del nuevo Gobierno si el proceso se reinicia

Buena parte del gobierno entrante apuesta a que las demandas prosperen y obliguen a rehacer la elección. Esa salida le permitiría reabrir la baraja y promover nombres con mayores afinidades con el Ejecutivo.

Según información de la revista Cambio, en ese escenario aparecen Rodolfo Zea, exministro de Agricultura del gobierno de Iván Duque y hasta hace unos meses contralor delegado para el sector Comercio, y Pablo Márquez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante esa misma administración. Ambos hacen parte de las conversaciones para un eventual reinicio.

Esa expectativa convive con la posición pública de Rodrigo Lara, ministro del Interior designado. Lara ha dicho que no buscan intervenir en el proceso, que solo quieren que llegue alguien bueno y que no necesitan “órganos de control de bolsillo”.