La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia señaló que el Decreto 0765 expedido el 15 de julio de 2026 por el gobierno de Gustavo Petro introduce cambios que, según su criterio, amenazan la protección de la propiedad privada en Colombia.
La dirigente advirtió que este decreto otorgaría potestades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para cancelar gravámenes, tomar posesión inmediata de predios en el papel y generar efectos registrales con una simple promesa de compraventa, sin, según su advertencia, necesidad de acudir a jueces ni registradores.
“El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa (sic)“, indicó Valencia.
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Valencia afirmó que el decreto fue firmado por el Ministerio de Agricultura cuando faltaban apenas 16 días para el final del mandato de Petro. En sus declaraciones, la excongresista sostuvo que el Gobierno tramitó el documento con rapidez, habilitando el portal SUCOP para comentarios públicos solo entre el 2 y el 8 de julio, y firmándolo el 15 de julio con ministros encargados.
La exsenadora enfatizó que el decreto modifica decretos reglamentarios previos del sector agropecuario, justicia y hacienda, en asuntos relacionados con el saneamiento de predios transferidos a la ANT conforme a la Ley 160 de 1994.
“Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir (sic)”, precisó Paloma Valencia.
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De acuerdo con el texto del Decreto 0765, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial antes del 25 de julio de 2026, destinado a identificar predios declarados de utilidad pública para la reforma agraria, con carácter publicitario y sin efectos de limitación de dominio.
El decreto señala que la ANT podrá solicitar inscripciones en ese código sobre predios declarados de utilidad pública o en aquellos en los que exista una promesa de compraventa respaldada por un acta de entrega. Además, la solicitud podrá presentarse ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador correspondiente, según la preferencia de la entidad.
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Valencia cuestionó la legalidad del decreto y advirtió que, en su opinión, la medida permite el saneamiento administrativo de predios y la cancelación de gravámenes, lo que podría llevar a la pérdida del derecho de propiedad o a largos litigios para reclamar indemnizaciones.
Entre los riesgos señalados, Valencia destacó que la creación de un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” podría complicar el acceso a créditos para pequeños y medianos productores, al afectar el valor de los predios e impedir la renovación de préstamos agrícolas.
En su análisis, la dirigente explicó que el decreto, al permitir la cancelación de gravámenes y vicios por vía administrativa, “despoja al legítimo dueño o reclamante de su derecho sobre la tierra y lo manda a pleitear durante años una indemnización monetaria contra el Estado”.
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La exsenadora sostuvo que, si la norma llegara a ser declarada inválida por el Consejo de Estado, podría dejar secuelas difíciles de revertir en las transferencias de tierras y la situación jurídica de los propietarios.
También señaló que, ante posibles controversias, se utilizaría el argumento de que “les quitaron la tierra a los campesinos”, aunque en su criterio la responsabilidad recaería en el Gobierno por haber firmado un decreto que califica como improvisado y contrario al Estatuto Registral.
Valencia concluyó que la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica son elementos esenciales para los productores rurales y cualquier ciudadano. Reiteró su llamado a que la reforma agraria se base en la legalidad y la transparencia, sin recurrir a disposiciones que, según su visión, dejan a los propietarios y campesinos en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
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