El futuro del programa Jóvenes en Paz permanece incierto tras la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad que hasta ahora coordinaba su implementación, según informó Prosperidad Social. La medida obedece al Decreto 626 del 19 de junio de 2026, que ordenó la disolución de la entidad y dejó en suspenso la operación del programa orientado a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad.
Prosperidad Social comunicó a los participantes que la entidad está a la espera de nuevas disposiciones del Gobierno nacional. De momento, sigue a cargo solamente de la administración de las transferencias monetarias condicionadas, pero para continuar con la entrega de estos recursos, necesita las certificaciones de cumplimiento de los beneficiarios, documentos que antes eran emitidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
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Efectos inmediatos tras la liquidación ministerial
La continuidad de Jóvenes en Paz depende ahora de la designación de nuevas autoridades responsables, quienes deberán emitir las certificaciones necesarias para que los jóvenes participantes sigan recibiendo las transferencias monetarias. Mientras tanto, Prosperidad Social gestionará únicamente los pagos correspondientes a rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre y cuando los beneficiarios subsanen las situaciones que originaron dichas novedades.
El programa Jóvenes en Paz, que busca proteger y dignificar a jóvenes entre 14 y 28 años en contextos de alta violencia, está en transición administrativa. Prosperidad Social reiteró su compromiso con la población participante y aseguró que tomará las acciones pertinentes para garantizar la continuidad de las transferencias monetarias una vez cuente con la información y las competencias definidas por el Gobierno nacional.
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Los participantes deberán estar atentos a los canales oficiales, donde se comunicarán las decisiones sobre la permanencia del programa y la planificación de los próximos ciclos de entrega.
¿Qué es el programa Jóvenes en Paz y cómo funciona?
Jóvenes en Paz es una iniciativa estatal orientada a salvar vidas y pacificar los territorios más afectados por homicidios y violencia que impactan directamente a la juventud. El programa articula esfuerzos institucionales en torno a dos componentes principales: el educativo y el de corresponsabilidad. A través de estos, se busca que los jóvenes beneficiarios mantengan su formación y participen en actividades que promuevan la convivencia, la paz y el desarrollo comunitario.
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El objetivo central es ofrecer una ruta de atención integral que garantice los derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante un nuevo pacto para la construcción de paz en sus territorios. Jóvenes en Paz contempla transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos de formación y participación, así como acceso a servicios de salud, educación y diferentes proyectos comunitarios, ambientales, culturales y tecnológicos.
El programa abarca acciones como el levantamiento de información territorial, la inscripción y caracterización de beneficiarios, la focalización territorial e individual y la conformación de grupos de atención según sus características. Uno de sus pilares es el compromiso de desarme y la promoción de un nuevo pacto social, especialmente con jóvenes vinculados a pandillas o en riesgo de serlo.
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La metodología de focalización contempla variables como la tasa de homicidios, la incidencia del crimen organizado y la vulnerabilidad socioeconómica, todo ello en el marco del Registro Social de Hogares (RSH), que permite identificar a la población beneficiaria en los municipios más afectados por la violencia y la exclusión.
Condiciones para la continuidad del programa
Para que los jóvenes sigan recibiendo las transferencias monetarias es indispensable que la entidad que el Gobierno nacional designe asuma la emisión de las certificaciones de cumplimiento, requisito central en el esquema de Jóvenes en Paz.
Prosperidad Social podrá garantizar la continuidad de los pagos solo cuando reciba la información y los documentos requeridos de la nueva autoridad responsable. Los jóvenes beneficiarios deben subsanar las situaciones que ocasionaron estos rechazos para recibir los recursos correspondientes.
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