Denuncian que el Dapre firmó millonario contrato con una fundación: más de 1.800 millones por cinco informes

El concejal de Cali Juan Martín Bravo Castaño presentó en sus redes sociales una denuncia sobre un contrato firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por un valor de 3.400 millones de pesos, con una cuestionada distribución de los recursos.

Según el documento, el contrato está destinado a un proyecto —al parecer llevado a cabo por la Fundación Significarte— que, según los documentos oficiales beneficiaría a 1.100 personas en los departamentos de Amazonas, Vichada y Chocó.

De hecho, la información oficial del Dapre sobre este contrato especifica que el objetivo del proyecto, que está en fase de presentación de oferta, en estado de “proceso adjudicado y celebrado”, es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de estrategias de reconstrucción del tejido social, la promoción de la reconciliación, incorporando acciones pedagógicas para la prevención de violencias y el fortalecimiento de capacidades socioeconómicas de la población en condición de vulnerabilidad en los departamentos mencionados”.

Sin embargo, de acuerdo con la descripción de la oferta económica, en la práctica, solo 175 personas recibirían el beneficio del proyecto con acompañamiento integral, insumos y fortalecimiento productivo, mientras que otros 175 serían acompañantes.

A su vez, los 750 restantes serían estudiantes que participarían únicamente en talleres de 11 horas, denunció el cabildante vallecaucano.

En particular, uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en los pagos por la elaboración de cinco informes, que suman 1.838 millones de pesos.

Estas cifras están sustentadas en el documento de la oferta económica, en la que quedó detallado que cuatro de estos informes tienen un valor idéntico de 389,2 millones de pesos cada uno, “sin que se detalle la distribución de los recursos entre personal, transporte, logística, refrigerios, materiales, administración o elaboración documental”, agregó el concejal caleño.

Además, el contrato contempla montos adicionales como: 102,3 millones para la convocatoria y selección de 175 beneficiarios en “condición de vulnerabilidad con unidad de economía popular”. Este costo incluye un reporte de las actividades de los procesos de la convocatoria.

Otro monto de 54,8 millones de pesos para la caracterización con su respectivo documento de los beneficiarios.

Una suma de 214,6 millones de pesos para la realización de cinco ferias “de economía popular”, con un costo cercano a 43 millones por evento, que cuenten con "espacios de comercialización de unidades de economía popular, emprendimientos, ideas de negocio o proyectos de vida, incluyendo: descripción de los eventos realizados por municipio; relación de beneficiarios participantes; evidencias de divulgación y promoción; caracterización de productos o servicios exhibidos; registro fotográfico y/o audiovisual; y análisis de resultados obtenidos (participación, interacción comunitaria, etc.“.

También se destinaron 59,8 millones para la asistencia técnica a seis entidades.

Por su parte, el concejal Bravo Castaño cuestionó la falta de una estructura detallada de precios unitarios y la ausencia de resultados económicos verificables dentro del contrato. También advirtió sobre el riesgo de que los recursos destinados a víctimas terminen financiando documentos costosos, burocracia y contratos sin trazabilidad suficiente.

El concejal hizo un llamado a los organismos de control para que investiguen el manejo de estos recursos y se garantice la transparencia en la ejecución del proyecto.

Al respecto, la senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta Murgas secundó el llamado a las autoridades y aseguró que en el Gobierno Petro “definitivamente no piensan dejar ni la olla”.

Aseguró que hará “un seguimiento estricto a la ejecución de estos recursos. No puede ser que hagan feria la plata de los colombianos”.