‘Pocho’, uno de los protagonistas de la famosa parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, cambia de prisión por orden del Inpec: será trasladado desde La Picota hacia La Dorada

Las autoridades penitenciarias de Colombia decidieron trasladar nuevamente a Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, quien se hizo conocido como promotor de fiestas vallenatas en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

El recluso pasará de la cárcel La Picota en Bogotá al centro penitenciario de La Dorada, Caldas, en una nueva medida de seguridad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) comunicó la decisión durante la mañana del jueves 23 de julio de 2026. El organismo explicó que la medida busca “mantener el orden y la disciplina” dentro del sistema penitenciario.

Según el comunicado oficial, “dentro de las medidas de seguridad que permiten mantener orden y la disciplina desde la dirección general se ordenó el traslado del privado de la libertad Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, que se encuentra en tránsito en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá –COBOG- La Picota y será trasladado hacia el Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de La Dorada”.

Esta decisión se suma a los traslados previos del mismo interno. Antes de llegar a La Picota, “Pocho” estuvo recluido tanto en la cárcel de Girón como en la de Itagüí, donde se originó el escándalo de las fiestas privadas.

El Inpec también aclaró los motivos detrás de la orden. “El traslado está a cargo de los Grupos Especiales de Instituto garantizando la seguridad del privado de la libertad en cumplimiento de las penas y las medidas de detención otorgadas por la Ley”, detalló el documento difundido por la entidad.

La medida responde a la necesidad de evitar que se repitan situaciones de perturbación o privilegios dentro de los penales.

Traslado de alias Pocho a cárcel de Girón

El traslado de Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como alias Pocho, desde la cárcel de Itagüí hacia el penal de Girón en Santander, se llevó a cabo en el mes mayo de 2026.

Esta decisión se produjo después de que saliera a la luz la realización de una fiesta vallenata dentro del centro de reclusión antioqueño, hecho que involucró directamente a este reconocido cabecilla criminal.

Las investigaciones sobre la celebración, que tuvo como protagonista al cantante Nelson Velásquez, provocaron una reacción inmediata de las autoridades penitenciarias y del Gobierno. El evento, celebrado el 8 de abril, desató una crisis interna en el Inpec y puso bajo la lupa las condiciones de seguridad en los penales del país.

El Gobierno nacional suspendió de manera indefinida los diálogos en la llamada mesa sociojurídica con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá y Medellín. Esta medida, adoptada el mismo día de la fiesta, afecta directamente los avances en la denominada ‘paz urbana’, y sigue vigente mientras se desarrollan las investigaciones por lo ocurrido en el penal.

Alias Pocho, señalado como jefe máximo de la estructura criminal La Agonía, había sido capturado en marzo de 2019 y condenado a 36 años y 10 meses por el asesinato de la lideresa Liliana Patricia Cataño Montoya en 2017. Además, las autoridades lo vinculan con delitos como extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en la Comuna 13 de Medellín.

El traslado de alias Pocho obedece a la necesidad de garantizar la seguridad institucional tras el escándalo por la fiesta en la cárcel de Itagüí. La decisión del Inpec buscó frenar posibles riesgos de nuevos actos irregulares y facilitar el avance de las investigaciones internas y externas.

Para fortalecer el control penitenciario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) instaló 36 nuevas cámaras de vigilancia con capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo. Estos dispositivos fueron integrados al sistema nacional del INPEC, permitiendo un monitoreo permanente de las actividades en el establecimiento.

Los operativos de control realizados tras el escándalo permitieron decomisar celulares, licor, memorias USB y otros elementos prohibidos, evidenciando la necesidad de reforzar los filtros de seguridad en los centros de reclusión.

Según la instrucción oficial, “ningún espacio de diálogo podrá desarrollarse por fuera de las condiciones de seguridad, disciplina y legalidad penitenciaria”. Esta premisa busca evitar que se repitan situaciones similares a la vivida en Itagüí y garantizar que cualquier conversación con actores criminales se ajuste a los parámetros legales y de seguridad.