Daniel Quintero deberá rendir cuentas en el Congreso por la crisis de salud en Colombia: “Que dé la cara”

Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia y primer vicepresidente de la corporación, citó a un debate de control político para Daniel Quintero, actual superintendente de Salud.

Según expuso el congresista del partido Creemos, el funcionario deberá no solo responder sus inquietudes frente a la crisis del sistema de salud, sino que debe referirse a la gestión de la entidad nacional y las observaciones de la Contraloría General de la República sobre las EPS intervenidas.

Molina señaló que trasladará al Congreso el control político que ejerció cuando fue concejal de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero entre 2020 y 2023.

“Durante años enfrenté la corrupción de Daniel Quintero desde el Concejo de Medellín. No guardé silencio entonces, y tampoco lo haré ahora (...) no vamos a permitir que el poder público se convierta en un refugio para la impunidad”, afirmó el congresista en un video publicado en su cuenta de X.

Vale mencionar que, durante su etapa como concejal de Medellín, Molina impulsó junto con otros concejales una moción de censura contra la entonces secretaria privada de la Alcaldía, María Camila Villamizar, por considerar que intervino en asuntos relacionados con EPM por fuera de sus competencias.

Detalles del debate contra Quintero

La base de la proposición contra Daniel Quintero son los informes recientes de la Contraloría General de la República, donde advirtió sobre el deterioro financiero de varias EPS intervenidas, el incremento de reclamaciones de los usuarios y deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control.

De acuerdo con el ente de control, bajo la administración de la Superintendencia las EPS intervenidas no han conseguido una mejora estructural de sus indicadores y mantienen condiciones críticas.

La Contraloría señaló además que los pasivos aumentaron de forma importante en Nueva EPS y ubicó después a Savia Salud, Coosalud y Famisanar entre las entidades con mayores problemas.

Del mismo modo, el debate también podría abordar el nombramiento de colaboradores cercanos en la Superintendencia Nacional de Salud. El caso más cuestionado ha sido el de Juan David Duque, designado como superintendente delegado de Protección al Usuario, según información recopilada por El Colombiano.

Duque fue secretario privado de Quintero en la Alcaldía de Medellín y salió del cargo después de una moción de censura aprobada por el Concejo tras denuncias sobre irregularidades y gastos injustificados en el fondo fijo reembolsable, o caja menor, del despacho de la Alcaldía. Ese episodio dio lugar a investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría.

Según El Colombiano, fue Duque quien ordenó una de las auditorías que mantuvieron a Quintero en el centro de la discusión pública: una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia con más de 70 requerimientos de información. El entonces gerente Esteban Ramos dijo al diario que incluso se pidieron datos que no existen en la empresa, como gastos de representación o de caja menor.

Esa auditoría fue suspendida provisionalmente por un juzgado tras una tutela presentada por la Fábrica de Licores de Antioquia. Otro juez también frenó de manera provisional una auditoría ordenada a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín.

En ambos casos, las decisiones judiciales señalaron cuestionamientos sobre la imparcialidad de los funcionarios que impulsaban esas actuaciones administrativas mientras se resuelven de fondo las tutelas.

Pese a ello, la Superintendencia Nacional de Salud respondió que esas inspecciones hacen parte de un plan nacional de vigilancia y control que abarca cientos de auditorías en distintas regiones del país.

El entorno de Quintero también ha sido objeto de otras controversias. Desde su nombramiento al frente de la entidad, la gestión fue cuestionada por cambios en el manual de funciones para flexibilizar requisitos en varios cargos y por la creación de nuevos puestos, además del ingreso de antiguos funcionarios de su administración en Medellín a posiciones directivas, algunos de ellos cuestionados y sin experiencia en salud, aunque la entidad sostuvo que todos los nombramientos cumplen los requisitos legales.

A eso se suman el proceso penal que enfrenta el exalcalde por el caso Aguas Vivas, la futura imputación anunciada contra su hermano Miguel Quintero por otros casos de corrupción e irregularidades en la contratación pública de Medellín, y los cuestionamientos recientes por la creación, en un mismo día y con un mismo domicilio, de varias empresas dedicadas a minería, energía, robótica y servicios jurídicos. Quintero ha dicho que todas fueron reportadas en su declaración de bienes y que ninguna contrató con el Estado.