El Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto 0765 de 2026 expedido por el gobierno de Gustavo Petro, una acción judicial que pide suspender de inmediato sus efectos porque, conforme a los argumentos presentados y las críticas de la senadora Paloma Valencia, la norma habría ampliado las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre predios rurales hasta poner en discusión el alcance de la propiedad privada en Colombia.
El recurso no solo solicita la nulidad del decreto. También reclama una medida urgente para frenar sus efectos mientras se estudia el caso, con el fundamento de que el acto administrativo produciría consecuencias inmediatas e irreversibles sobre los registros de los inmuebles y el proceso de transferencia de tierras destinadas a la reforma agraria.
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El ciudadano Andrés Alberto Ávila Ávila presentó la demanda contra los ministerios de Hacienda, Justicia y Agricultura, informó Semana. En su escrito, advirtió que el decreto autorizó a la ANT para disponer la cancelación de limitaciones, gravámenes, afectaciones y medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria, incluso cuando algunas de ellas tengan origen judicial.
Para el demandante, el Gobierno nacional habría excedido su potestad reglamentaria al crear facultades que, a su juicio, el Congreso de la República no autorizó. El punto central de la controversia es si el Ejecutivo podía introducir mecanismos para acelerar la transferencia de tierras de la reforma agraria con un alcance que, según el recurso, modifica reglas registrales y efectos jurídicos sobre los predios.
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La demanda cuestiona efectos inmediatos sobre registros y posesión de predios
El documento entregado ante la Corporación describe una cadena de actuaciones que considera especialmente delicada por su velocidad y por sus efectos sobre la seguridad jurídica. En esa descripción, el recurso advierte: “El decreto se expidió en el tramo final del período de Gobierno, tras una consulta pública de apenas seis días, y sus piezas están diseñadas para producir efectos inmediatos e irreversibles: posesión sin entrega, cancelación de cautelas en un turno, folios nuevos sin memoria registral de las cargas, inscripciones anticipadas sobre simple promesa y un código registral que debe existir diez días después de la firma”.
La demanda llegó a la Sección Primera del Consejo de Estado, que en los próximos días deberá definir si la admite para estudio. Ese examen inicial también determinará si procede la solicitud de suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo la controversia.
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Los mensajes de rechazo a la propuesta del Gobierno Petro
La discusión pública sobre el alcance de la norma se intensificó después de los pronunciamientos de la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, que alertó sobre lo que considera una expansión riesgosa de las atribuciones de la ANT. La dirigente del Centro Democrático sostuvo que el acto administrativo le otorgó a esa entidad más herramientas de intervención sobre cargas y medidas inscritas en los registros de propiedad.
“De forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa. Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, afirmó Valencia en su cuenta de X.
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En un comunicado, Indalecio Dangond, ministro de Agricultura designado por el presidente electo Abelardo de La Espriella, advirtió que el Decreto 765 de 2026 genera preocupación al acelerar la transferencia de predios rurales, incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso.
“El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, afirmó.
En atención a las preocupaciones de Dangond, el gobierno entrante anunció que revisará el alcance de esta medida para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y respeto por el Estado de Derecho.
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