Hasta cuándo exactamente es presidente Gustavo Petro: esto dice la ley sobre la tranferencia de mando a Abelardo de la Espriella

Aunque existan dudas sobre el día y la hora exactos en que el presidente Gustavo Petro perderá su fuero como primer mandatario del país, lo cierto es que la Constitución es clara: su mandato finaliza el 7 de agosto de 2026 y ese día entregará el poder a Abelardo de la Espriella, quien resultó ganador en la segunda vuelta electoral del 21 de junio del presente año.

La Constitución colombiana fija ese día cada cuatro años para la transmisión de mando presidencial, en conmemoración de la batalla de Boyacá.

El traspaso de mando ocurrirá después de una de las transiciones políticas más tensas de las últimas décadas. El proceso estuvo marcado por la polarización, denuncias de intento de golpe de Estado y movilizaciones convocadas tanto por el gobierno saliente como por la oposición.

Petro, aunque reconoció que entregará el poder como exige la ley, llamó a la ciudadanía a movilizarse ese mismo día para defender las reformas sociales impulsadas durante su gestión.

Aun así, el mandatario tendrá funciones de presidente hasta el mismo momento en que De la Espriella reciba la banda que lo identificará como el nuevo jefe de Estado. Es decir, durante la ceremonia de transferencia de mando que, este año, podría no cruzar a los políticos en un mismo escenario.

Abelardo de la Espriella asumirá el cargo luego de haber sido acreditado como presidente electo tras una reñida contienda en la que superó por un margen mínimo del 0,96% de los votos a Iván Cepeda. El periodo de gobierno que se inaugura ese 7 de agosto se extenderá hasta 2030, de acuerdo con el ciclo constitucional.

Debate por el lugar de la investidura presidencial

La ley colombiana establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso, prestando juramento frente a la asamblea legislativa. Solo en casos excepcionales está permitido hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia o, en última instancia, frente a dos testigos. La tradición dicta que la ceremonia se realice en el Capitolio de Bogotá, sede del Congreso.

No obstante, De la Espriella ha expresado su deseo de celebrar el acto en una guarnición militar fuera de la capital. Esta propuesta ha generado un intenso debate institucional, pues requiere una aprobación formal del Legislativo. Para avanzar en esa dirección, sería necesario que ambas cámaras voten una proposición específica, trámite que podrá iniciar el 20 de julio, cuando el nuevo Congreso se instale.

El presidente saliente, Gustavo Petro, tomó una postura firme al prohibir a las Fuerzas Armadas ceder cualquier recinto militar o policial para la ceremonia. De la Espriella, por su parte, ha insistido en la propuesta y explora alternativas, como una sesión virtual del Congreso o la posibilidad de que los legisladores se desplacen a una instalación militar.

La controversia pone en juego no solo la forma sino el mensaje político de la toma de posesión: el presidente electo busca reforzar sus vínculos con las Fuerzas Armadas y su discurso de mano dura, mientras Petro defiende la separación entre el poder civil y el militar.

Contexto político y desafíos inmediatos

El clima previo a la investidura ha estado cargado de tensión. Las acusaciones de De la Espriella sobre un supuesto intento de desconocer su triunfo y la decisión de suspender temporalmente la transición reflejan la profundidad de la confrontación política.

A esto se suma el papel de Iván Cepeda, quien advirtió que promoverá una “desobediencia civil pacífica” si el presidente electo no responde a cuatro exigencias clave relacionadas con su doble nacionalidad, eventuales vínculos con agencias de seguridad extranjeras, la protección judicial de Petro y la garantía de derechos para la oposición política. De la Espriella calificó de “loquitos” a quienes impulsan estas acciones y aseguró que cualquier hecho violento será enfrentado con toda la fuerza del Estado.

Las movilizaciones anunciadas para el 7 de agosto, tanto por sectores afines a Petro como por la oposición, anticipan una jornada de alta tensión política y social. El día marcará el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva etapa bajo un gobierno identificado con posiciones de ultraderecha y con promesas de endurecer la seguridad y el orden público.