Para el 12 de agosto de 2026 está previsto que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se presente ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para el inicio de las audiencias preparatorias del juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
En la audiencia prevista, la defensa del exjefe de cartera deberá presentar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas con las que buscará controvertir los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, se espera que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia también presentará su material probatorio para la etapa de juicio.
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El expediente quedó en manos del magistrado Jorge Caldas Vera, ya que Bonilla tenía fuero constitucional cuando, según el caso, habrían ocurrido los hechos. Por ese motivo, el alto tribunal es el competente para conocer el proceso por presuntos delitos ligados al ejercicio de sus funciones, incluso después de que dejó el cargo.
Vale mencionar que en esta fase se pueden debatir la legalidad de actuaciones y solicitudes de las partes, pero aún no se determina la responsabilidad penal del exministro.
Ricardo Bonilla fue acusado en abril por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
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¿Por qué es investigado Ricardo Bonilla?
La acusación formal de la Fiscalía General de la Nación ubica los hechos entre mayo de 2023 y febrero de 2024. El ente acusatorio sostiene que el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, junto con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se concertaron con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.
Según esa tesis, el objetivo era beneficiar a congresistas a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Invías.
“Los dos entonces ministros se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias” señala el expediente citado por Semana.
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La fiscal delegada agregó que ambos “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
Entre los congresistas mencionados en el expediente aparecen Wadith Manzur y Karen Manrique. Ambos, que habían sido reelegidos en las elecciones legislativas de 2026, se encuentran privados de la libertad por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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La investigación se apoyó en testimonios de exfuncionarios e implicados, entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quienes sostuvieron ante la justicia que el entonces ministro habría coordinado el direccionamiento de contratos y recursos públicos estimados en $92.000 millones para presuntas dádivas dirigidas a asegurar respaldo de congresistas a reformas e iniciativas del Gobierno en el Congreso.
De igual manera, sigue el rastro del manejo de tres convenios regionales: en Cotorra (Córdoba), un proyecto de mitigación del sistema de drenaje por $50.000 millones; en Saravena (Arauca), obras de mitigación y prevención de inundaciones por $30.000 millones; y en El Carmen de Bolívar (Bolívar), trabajos para mitigar la erosión en El Salado por $12.000 millones.
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En distintas intervenciones, Ricardo Bonilla González ha cuestionado las declaraciones de los principales testigos de la Fiscalía General, al considerar que los señalamientos en su contra son contradictorios.
“Me gusta mucho que hoy la Fiscalía hubiera reconocido que ni el ministro (Luis Fernando) Velasco ni yo saqueamos la UNGRD. Eso es algo de Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Unidad) y su cuadrilla, que son unos delincuentes confesos”, expuso durante la audiencia del 30 de abril de 2026.
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