Se revelan nuevos detalles de las denuncias por presunto abuso sexual contra Carlos Caicedo: “Tiene un miedo grandísimo”

Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de ocho años y por hechos relacionados con la madre de la menor. El caso se encuentra en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia e incorpora la discusión sobre posibles presiones a las denunciantes.

Además, la defensa de las denunciantes solicitó investigar un episodio adicional: el supuesto intento de contacto entre Caicedo y la madre de la niña, lo que podría constituir intimidación. Este hecho ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

El dato apareció en una declaración incorporada al expediente. “En horas de la mañana del mismo día, la señora Virna Jhonson se comunicó para indagar por el paradero de mi hermana menor, manifestando que se dirigía al lugar donde esta se encontraba con el fin de que el señor Caicedo sostuviera conversación con ella”, señala la denuncia conocida por Semana.

La presentación judicial también menciona un intercambio directo con Caicedo fechado el 22 de junio de 2023. “A través de conversaciones vía WhatsApp, sostuve comunicación con el señor Caicedo. Durante dichas conversaciones se me exigía adularlo y responder conforme a sus instrucciones. En tales conversaciones, el referido manifestó expresiones como ‘en qué te apoyo’ y afirmó poseer evidencias fotográficas en una bodega”, dice el documento.

El abogado de víctimas, Julián Quintana, exdirector del CTI, sostuvo que ese acercamiento y la reunión con personas cercanas al exgobernador deben ser valorados por los investigadores. Según su explicación, el temor de las denunciantes es un factor central para entender por qué muchos casos no llegan de inmediato a la Justicia.

La denuncia incorporó un presunto intento de contacto con la madre de la menor

Virna Jhonson, exalcaldesa de Santa Marta y dirigente cercana a Caicedo, aparece mencionada de manera expresa en la denuncia como la persona que habría buscado a la madre de la niña. El texto también alude a un audio que quedó como prueba de una reunión en la que se le pidió a esa mujer hablar con el exgobernador.

La relevancia de ese episodio no radica solo en el contacto, sino en la lectura que hacen las víctimas sobre sus efectos. Quintana afirmó que el hecho fue entendido como intimidación y que la Fiscalía debe “no pasar de alto” lo ocurrido, investigar y establecer responsabilidades de acuerdo con los hechos detallados en el documento.

El abogado de las víctimas habló de miedo y de nuevas denunciantes

Quintana describió el contexto que, según su versión, rodea el expediente. “Cualquier persona que denuncie, pues, sin duda alguna, tiene un miedo grandísimo de que esta persona le pueda hacer algo, atente contra su vida; es un pueblo muy pequeño, les quite las oportunidades laborales. Por eso es que no se animan a denunciar”, dijo.

El abogado agregó que, en el curso de la investigación, aparecieron nuevas y presuntas víctimas de presunto abuso sexual. Entre esos hechos ubicó el caso de la niña, cuya denuncia quedó ahora bajo estudio de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Ese punto amplía el alcance del expediente más allá del episodio inicial. El documento ya no solo plantea un señalamiento puntual, sino que, según la representación de las víctimas, abre la posibilidad de que existan otros testimonios en evaluación dentro de la misma línea de investigación.

El Gobierno pidió celeridad y advirtió sobre un posible patrón de abuso de poder

La ministra de Justicia y del Derecho encargada, Cielo Rusinque, se pronunció el 21 de julio de 2026 sobre las denuncias conocidas públicamente contra Caicedo. En su declaración sostuvo que los hechos atribuidos al excandidato presidencial y exgobernador “son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras”.

La funcionaria vinculó el caso con otros señalamientos previos y rechazó que se lo lea como un hecho aislado. “Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen”, afirmó.

Rusinque pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que adelanten una investigación “rigurosa, transparente e imparcial” y recordó que el proceso debe proteger la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas. También subrayó que el debido proceso y la presunción de inocencia no son incompatibles con la exigencia de verdad y justicia.

La ministra cerró su pronunciamiento con una definición política e institucional sobre el alcance del caso. “Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud, ni servir de argumento para relativizar su gravedad”.