Pacto Histórico radicó otra proposición para obligar a Abelardo de la Espriella a posesionarse en Bogotá: “¿Cuánta plata nos va a valer?”

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue siendo el tema de discusión en el Congreso de la República, después de que el próximo mandatario solicitara el traslado del acto hasta una guarnición militar en el departamento del Cauca.

Aunque De la Espriella ya recibió el apoyo de varios congresistas que, incluso, radicaron proposiciones para autorizar la posesión, desde el Pacto Histórico insistieron en que ese traslado significaría un sobrecosto innecesario para la nación.

Por esa razón, aunque ya se había radicado una proposición en la Cámara de Representantes para bloquear la propuesta, desde el Senado de la República la congresista Sandra Chindoy radicó una nueva solicitud para impedir el “deseo” del nuevo mandatario, con el argumento de mantener la ceremonia en la sede legislativa de Bogotá, en línea con la tradición constitucional del país.

La solicitud destacó que el Congreso de la República es el espacio natural para la posesión del presidente electo, por tratarse de la sede de la representación popular y contar con la infraestructura adecuada. De acuerdo con la exposición de motivos de Chindoy, celebrar el acto en este lugar evita gastos adicionales y respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“¿Cuanta plata nos va a valer mover la posesión presidencial a una guarnición militar? Exijo que la posesión presidencial se realice en el Congreso como dicta la Constitución“, señaló la recién posesionada senadora.

En la proposición, la congresista enfatizó tres argumentos centrales: la defensa de la institucionalidad democrática, la preservación del carácter civil de la ceremonia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Según su planteamiento, trasladar el evento a un escenario militar alteraría el sentido republicano de la toma de posesión y generaría costos logísticos no justificados.

“Cúmplase lo establecido en el articulo 141 de la Constitución Politica y en el numeral 1 del articulo 18 de la Ley 5 de 1992 posesionando al Presidente de la República electo el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá, sede natural del Congreso de la República según lo estipulado por el articulo 140 de la Constitucion”, señala la proposición.

La congresista sostiene que el acto presidencial simboliza la culminación de un proceso democrático y debe mantenerse alejado de connotaciones castrenses. Además, advierte sobre la falta de justificación para invertir en logística y operativos adicionales si se optara por cambiar la ubicación tradicional del evento.

De aprobarse, la ceremonia de posesión continuaría realizándose en el Congreso, garantizando el respeto por la tradición constitucional y evitando gastos innecesarios para el Estado. La iniciativa busca así blindar el carácter civil y democrático del traspaso de mando presidencial, en sintonía con el espíritu de las instituciones republicanas.

La senadora Chindoy concluye su llamado invitando al Congreso a proteger la tradición y fortalecer la institucionalidad, reiterando que la ceremonia debe ser un reconocimiento institucional de la voluntad popular y no un acto de exhibición militar. Con este gesto, promueve una gestión responsable de los recursos públicos y la continuidad de los valores democráticos en la vida política nacional.

Entretanto, en el Congreso de la República ya reposa otra proposición del Pacto Histórico en que, contrario a Chindoy, solicita que el mandatario electo no se posesione el 7 de agosto.

El documento, fechado el 20 de julio de 2026 y radicado por Isabel Zuleta, fundamentó la solicitud en las demandas de nulidad electoral y en denuncias ciudadanas acerca de presuntas irregularidades cometidas durante el proceso que declaró presidente a De la Espriella, contradiciendo decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien afirmó que no hubo fraude y confirmó la victoria del abogado tras un extenso escrutinio.

“Se abstenga de posesionar al señor Abelardo de la Espriella como Presidente de la República hasta que la justicia colombiana haya examinado las pruebas presentadas y verificado la legalidad, transparencia y legitimidad de su elección”, señala la proposición.