La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro logró la sustitución voluntaria de 15.000 hectáreas de cultivos de coca por economías lícitas, una cifra que el mandatario había presentado durante su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 20 de julio.
La verificación representa un respaldo técnico a una de las principales apuestas de la política antidrogas del Gobierno: promover la transición voluntaria de campesinos hacia actividades legales, en lugar de privilegiar la erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Sin embargo, esa validación coincide con un panorama nacional marcado por el crecimiento de las áreas sembradas con coca y de la producción potencial de cocaína.
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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Unodc confirmó, mediante su programa de monitoreo a la sustitución de cultivos, que esas 15.000 hectáreas dejaron de estar dedicadas a la coca y pasaron a actividades productivas legales. La certificación responde directamente a la cifra mencionada por Petro ante el Congreso.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que ese resultado se alcanzó gracias al trabajo conjunto con las comunidades campesinas y sin recurrir a mecanismos de erradicación forzada.
“Y ya tenemos certificada por las Naciones Unidas quince mil hectáreas erradicadas, pero son treinta y dos mil”, afirmó el presidente, al tiempo que sostuvo que en agosto el organismo internacional certificaría una cifra superior.
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Petro atribuyó esos resultados a los procesos de diálogo desarrollados con comunidades de departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander, así como de otras regiones afectadas por los cultivos ilícitos.
“Logré simplemente hablando, simplemente ganando la confianza campesina en Nariño, en Putumayo, en Norte de Santander, en otros lugares, que pacíficamente el mismo campesino arrancara la mata de raíz, no las hojas, y sustituyera”, expresó el mandatario durante su discurso.
No obstante, aunque la Unodc verificó las 15.000 hectáreas mencionadas por el presidente, la información disponible no confirma públicamente la cifra de 32.000 hectáreas que también fue anunciada por Petro en la misma intervención.
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La oficina de Naciones Unidas cuenta con un registro detallado de los predios incluidos en el programa de sustitución. Sin embargo, ese mapa no es divulgado debido a razones de seguridad para las familias campesinas que participan en el proceso.
Según la información conocida, las áreas verificadas se encuentran principalmente en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada, territorios históricamente afectados por la presencia de economías ilegales y grupos armados.
Aunque la sustitución voluntaria recibió ese respaldo técnico, los indicadores nacionales continúan reflejando un crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos.
El más reciente informe oficial de la Unodc indicó que durante 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada hasta ese momento, además de una producción potencial estimada en 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína.
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De acuerdo con cifras extraoficiales citadas por El Tiempo, para 2024 esos registros habrían aumentado hasta 262.000 hectáreas y una producción potencial cercana a las 3.001 toneladas de cocaína.
Diversos analistas han señalado que el énfasis del Gobierno en la sustitución voluntaria coincidió con una disminución significativa en las labores de erradicación manual, situación que ha generado cuestionamientos sobre la estrategia integral para enfrentar el crecimiento de los narcocultivos.

Las diferencias también se evidencian en los datos de remoción de cultivos. Mientras en 2020 las autoridades reportaron la destrucción de cerca de 130.000 hectáreas de coca, cifras del Ministerio de Defensa indican que durante 2025 apenas se habían removido poco más de 8.000 hectáreas.
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El informe de Naciones Unidas también advierte que la expansión de los cultivos continúa concentrándose en un número reducido de municipios. De los 1.122 municipios del país, 180 presentan presencia de coca y cerca de la mitad de todas las hectáreas sembradas se concentran en apenas diez municipios.
Además, el organismo internacional señaló que el 47 % del total nacional permanece en enclaves cocaleros que mantuvieron una variación estable durante el último año analizado.
Entre los territorios con mayores incrementos aparecen Tumaco, en Nariño, y Tibú, en Norte de Santander, dos municipios estratégicos para las negociaciones de la política de Paz Total. Tumaco recuperó el primer lugar nacional con aproximadamente 31.300 hectáreas sembradas, unas 8.300 más que el año anterior, mientras Tibú pasó de cerca de 23.000 a alrededor de 26.000 hectáreas.
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