El 21 de julio de 2026, durante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio la orden a Juan Carlos Hurtado, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2026, de avalar de manera urgente las importaciones de gas.
Según el mandatario, la medida tiene como principal objetivo evitar una crisis energetica a finales de año que pueda llegar a afectar la vida de miles de colombianos, además de que busca garantizar que centros de salud y otras instalaciones clave para el país no sufran de desabastecimiento.

“Pero ya tienen que permitir la importación de gas. Porque si no lo hacen ya, el gas importado llegará después de diciembre, por los plazos que tienen los contratos, los procesos y etcétera. ¿Y ya pa’ qué? Entonces es ahora, señor Hurtado, se lo ordeno como presidente y jefe de Estado. Haga que las autorizaciones de importación de gas se den ya, porque si no van a matar a colombianos y colombianas, si no lo hacen. Esto es la energía que puede haber para hospitales, para cosas vitales de Colombia”, dijo.
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Gobierno Petro declara desastre nacional por fenómeno de El Niño
Durante la conversación, el presidente Petro también aprobó la declaratoria de desastre nacional propuesta por el Gobierno nacional ante la inminencia del fenómeno de El Niño 2026-2027, una decisión que busca acelerar medidas preventivas y destrabar la ejecución de proyectos para mitigar una posible mega sequía con efectos sobre el agua, la producción agropecuaria, los ecosistemas y el suministro de energía en distintas regiones de Colombia.
La medida habilita mecanismos extraordinarios de respuesta antes de que el daño se materialice. Entre ellos, el presidente mencionó la contratación directa y la ejecución de proyectos por decreto, con un plazo de seis meses para aportar soluciones de energía solar que no necesariamente deberán estar interconectadas.
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El sustento jurídico de la decisión está en la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres en Colombia y permite actuar no solo frente a un evento consumado, sino también cuando existe una amenaza inminente que exige atención inmediata del Estado.
Ese fue el eje de la argumentación expuesta por el director de la Ungrd, Javier Pava, al explicar que la norma contempla la intervención anticipada para reducir los impactos de un fenómeno previsible. “No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata”, afirmó.
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El Gobierno sostuvo que la declaratoria tiene sustento científico y jurídico

En la sesión, Gustavo Petro defendió la declaratoria argumentando que su motivación legal está respaldada por información científica. Según el primer mandatario, organismos internacionales especializados en clima y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), ya advirtieron sobre la llegada del fenómeno y sus posibles consecuencias.
“Creo que ya la motivación jurídica tiene sustento en la ciencia. Todas las organizaciones mundiales dedicadas a este tema, el climático de El Niño, ya lo han expresado, han sacado sus resoluciones, han sacado sus comunicados. Científicos, lo mismo ha hecho Ideam, que hace lo propio, y es inminente”, expuso.
Para el jefe de Estado, la declaratoria responde a la necesidad de intervenir antes de que la sequía alcance sus efectos más graves. “Esa inminencia del Mega Niño hace que tengamos que actuar de manera anticipada”, señaló.
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Petro agregó que la prioridad oficial será proteger a la población y reducir el impacto ambiental del evento climático. “Actuamos de manera anticipada para proteger a la población, la vida de la población. Y la vida de lo demás, la naturaleza, los animales, etc., hasta donde nos sea posible, por una mega sequía”, expresó.
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