Gobierno Petro busca que los trabajadores colombianos que ganan tres salarios mínimos tengan que pagar menos en los aportes de salud

El 21 de julio de 2026, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma tributaria con el fin de recaudar más de $20 billones y financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). Dentro de los puntos clave del articulado está la reducción de la exoneración de aportes a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para empleadores.

Con exactitud, el proyecto busca modificar el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que solo los trabajadores que reciban hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes ($6.000.000 actuales) mantendrán el beneficio, mientras que el límite anterior permitía acceder a este para quienes ganaban hasta diez salarios mínimos ($20.000.000 actuales).

Según el texto radicado, la medida, detallada en el artículo 30 del proyecto, obligará a las empresas a retomar el pago de aportes por los empleados que perciban ese monto. De ser aprobada por el Congreso, la medida impactará a empleadores y trabajadores en todo el país, dada la reducción del umbral salarial que permite acceder a la exoneración. Hoy, la ley permite a las empresas dejar de pagar esos aportes por empleados que devenguen hasta diez salarios mínimos.

Alcance fiscal de la reducción de la exoneración

En la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda sostiene que la exoneración vigente beneficia, sobre todo, a empresas con trabajadores de mayores ingresos. También plantea que limitar su alcance permitiría fortalecer el recaudo tributario sin eliminar por completo el incentivo.

Las proyecciones oficiales ubican esta medida entre las de mayor efecto fiscal dentro de la reforma. El cuadro de estimaciones calcula un recaudo cercano a $8,529 billones durante 2027 por la reducción de las exoneraciones de aportes a la seguridad social. Asimismo, el documento añade que la modificación busca contribuir al cierre de las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional. La justificación se integra a la defensa fiscal del proyecto presentada por el Ejecutivo.

Defensa de la Dian sobre el impacto empresarial

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Betancourt, explicó que la propuesta modifica el alcance actual del beneficio. Afirmó que, según los cálculos del Gobierno de Gustavo Petro, el impacto no recaería sobre la mayor parte del tejido empresarial. “La mayoría de los pequeños y medianos empresarios tienen empleados que ganan menos de tres salarios mínimos. Y da un recaudo importante”, dijo a Blu Radio.

Frente a las inquietudes sobre un aumento de los costos laborales para las empresas con trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos, el funcionario defendió el ajuste como una limitación y no como una supresión total del beneficio.

“En clave del ajuste fiscal creemos que vale limitar la exoneración, porque no es quitarla. Igual, como le digo, no va a afectar a la mayoría de las empresas porque la mayoría tienen empleados que ganan menos de tres salarios mínimos”, detalló.

De igual forma, el funcionario anotó que el Gobierno considera que la medida responde a la necesidad de aumentar los ingresos tributarios. También la vinculó con los recortes al gasto y con las dificultades que, según explicó, han enfrentado anteriores iniciativas tributarias en el Congreso.

Dudas sobre el futuro de la reforma en el Congreso

El proyecto apenas empezó su discusión en el Congreso de la República. En ese trámite, el artículo 30 podrá ser modificado, eliminado o aprobado antes de una eventual conversión en ley.

Desde una posición crítica, el exdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñonez cuestionó la viabilidad política de la iniciativa. Según él, “básicamente lo que está ocurriendo aquí es que están presentando una reforma tributaria con las mismas condiciones, con las de la ley de financiamiento del año pasado, que no prosperó en el Congreso”.

Quiñonez también sostuvo que la propuesta “no va a prosperar”. Su valoración apunta a un panorama adverso para el proyecto en su tránsito legislativo.