
La elección de la nueva mesa directiva del Congreso dejó el primer revés político para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, luego de que el Centro Democrático se quedara con la presidencia del Senado.
Sin embargo, desde el entorno del presidente electo minimizaron el impacto de la derrota y sostuvieron que una parte importante de la agenda gubernamental podrá ejecutarse sin necesidad de presentar un gran número de proyectos de ley al Congreso.
Esa posición fue expuesta por Germán Calderón España, abogado cercano a De la Espriella, quien argumentó que el marco jurídico vigente ya contempla las herramientas necesarias para desarrollar buena parte de las políticas del nuevo Gobierno mediante decretos reglamentarios.
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A través de su cuenta en X, Calderón señaló que la facultad del presidente para expedir este tipo de actos administrativos está respaldada por la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
“Según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene la facultad de proferir decretos con fuerza material de ley”, escribió.

El abogado explicó que esa potestad permite que las normas “se tornen efectivas en el terreno práctico o para posibilitar la debida ejecución de las mismas”, mediante la definición de “las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución”.
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Con base en esa interpretación, Calderón aseguró que el nuevo Ejecutivo no dependerá exclusivamente de las mayorías legislativas para implementar su programa de gobierno. “Serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas”, afirmó.
En ese sentido, añadió que el principal trabajo de la nueva administración será revisar las decisiones reglamentarias expedidas por el gobierno saliente. “Lo que se deberá hacer es derogar los decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo Gobierno implementará”, manifestó.
Calderón cerró su explicación con una frase que resume su planteamiento sobre el margen de maniobra del Ejecutivo frente a los cambios regulatorios: “Decreto se deroga con decreto”.
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Sus declaraciones se conocieron horas después de la instalación del nuevo Congreso, donde el Centro Democrático obtuvo una victoria clave al elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado.
El dirigente uribista consiguió 56 votos, mientras que Alfredo Deluque, candidato respaldado por Abelardo de la Espriella, obtuvo 45 apoyos. El resultado fue interpretado como el primer revés legislativo para el nuevo Ejecutivo, al perder el control de una de las dignidades más importantes del Congreso.

La presidencia del Senado tiene un papel estratégico dentro del funcionamiento del Legislativo, ya que dirige las sesiones plenarias, fija el orden del día, coordina el trámite de los proyectos y representa institucionalmente a la corporación.
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En contraste, la elección de la Cámara de Representantes transcurrió con mayor facilidad. Nicolás Barguil alcanzó 180 votos y asumió la presidencia de esa corporación tras un acuerdo entre varias colectividades.
La conformación de las mesas directivas también dejó en evidencia un Congreso con una renovación importante. Cerca del 40% de los integrantes del Senado y alrededor del 60% de la Cámara corresponden a nuevos congresistas para el periodo 2026-2030.
Pese a ello, el Pacto Histórico continúa siendo la bancada más numerosa del Legislativo con 68 parlamentarios, seguido por el Centro Democrático, que cuenta con 47 congresistas.
La distribución de las principales comisiones también anticipa un escenario de negociación permanente. El Centro Democrático tendría el control de la Comisión Primera de la Cámara y de la Comisión Séptima, mientras que otras presidencias quedarían en manos del Partido Conservador.
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Honorio Henríquez llega a la presidencia del Senado con una larga trayectoria en el uribismo

Honorio Henríquez Pinedo, nacido en Santa Marta en 1971, es abogado de la Universidad de La Sabana y tiene una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana.
También cursó estudios en Seguridad y Defensa Nacional y ocupó cargos como director de la Esap, secretario general del Ministerio del Interior y viceministro de Justicia encargado.
Como senador del Centro Democrático integró la Comisión Séptima y ya había ejercido la segunda vicepresidencia del Senado. Su carrera política ha estado ligada al uribismo desde comienzos de siglo y que dentro del partido es considerado uno de los dirigentes más cercanos a Álvaro Uribe.
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