Infobae Colombia pudo confirmar que la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación tras recibir una denuncia sobre un presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella. La reacción de la entidad fue inmediata, al asignar el caso a un fiscal delegado de la seccional del Atlántico, que coordina las acciones en curso.
En este momento, la Policía Judicial desarrolla labores de esclarecimiento para determinar la veracidad y los detalles del supuesto atentado. La institución también confirmó que ya existe una noticia criminal registrada oficialmente, lo que permite desplegar actividades de verificación y recopilación de pruebas de manera formal.
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La apertura de la indagación responde a la gravedad de la denuncia, presentada en las últimas horas.
Alertan sobre presunto plan millonario de las guerrillas para atentar contra el presidente electo
El equipo de seguridad del presidente electo fue el que presentó la denuncia. Los reportes de inteligencia que manejan señalan que estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc habrían ofrecido hasta $3.000 millones como recompensa para ejecutar un atentado durante los recorridos regionales de empalme. Estos informes fueron entregados a las agencias estatales y han servido de base para ajustar los protocolos de protección.
En respuesta a la pregunta sobre la situación de seguridad del mandatario electo, las autoridades investigan la posible existencia de un plan criminal que, según inteligencia técnica, estaría enfocado en afectar los eventos públicos y las mesas de trabajo que adelanta el equipo de De la Espriella en diferentes regiones del país. La Fiscalía ya abrió un proceso y la fuerza pública modificó los esquemas de control en recintos y plazas donde asisten comunidades y prensa.
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Los informes internos también advierten sobre la posibilidad de intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades con público, especialmente en encuentros donde participan niños y adultos mayores. El comunicado oficial insiste en que estos escenarios serían utilizados para intentar perpetrar una acción violenta.
El equipo de prensa de De la Espriella subrayó que “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”. Además, enfatizó que el mandato popular obtenido en las urnas se mantendrá firme ante cualquier presión proveniente de grupos armados al margen de la ley.
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Las autoridades, por su parte, revisan y refuerzan los procedimientos de ingreso y seguridad en cada evento programado. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el avance de la investigación, mientras la administración entrante mantiene su postura: los grupos ilegales tendrán hasta el 7 de agosto para someterse a la justicia o enfrentarán la respuesta de la fuerza pública.
Álvaro Uribe y el Centro Democrático expresaron su solidaridad
El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático emitieron mensajes de apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella tras las denuncias sobre un supuesto plan de atentado en su contra.
La alerta surgió luego de que el equipo de seguridad de De la Espriella informara sobre datos de inteligencia que señalaron una oferta millonaria a organizaciones criminales para atentar contra el mandatario electo.
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En respuesta a la denuncia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta oficial de X: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Abelardo de la Espriella”. La frase, publicada en la red social, fue interpretada como un respaldo directo frente al clima de tensión que rodea la transición de gobierno.
El partido Centro Democrático, por su parte, difundió un comunicado en el que afirmó: “El Centro Democrático expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”.
El respaldo de Uribe y de su partido se suma a una serie de pronunciamientos similares de otros actores políticos y sociales. Las expresiones públicas buscan fortalecer la legitimidad institucional frente a intentos de desestabilización por parte de grupos armados ilegales.
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