
Luego de la instalación y definición de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, los congresistas colombianos empezaron a radicar sus primeras iniciativas con las que buscan su respaldo en las corporaciones y puedan ser sancionadas como leyes de la república.
Una de ellas fue la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, que presentó un paquete de ocho proyectos de ley centrados en la defensa de los animales, el ambiente y la vida.
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Entre las propuestas radicadas ante la secretaría del Senado se contempla una de sus apuestas principales como es la prohibición del fracking en Colombia.
La senadora expresó que la propuesta apunta a impedir esa práctica en yacimientos no convencionales, con el fin de proteger a comunidades y acuíferos, evitar impactos ambientales irreversibles y resguardar a las especies.
También señaló que se trata de una práctica vetada por varios países del mundo, y expresó su preocupación debido a que la técnica sería implementada en el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
“No vamos a permitir que Colombia retroceda en derechos, conquistas sociales y que se arrase con nuestro mayor patrimonio como país: la biodiversidad”, declaró la congresista del Pacto Histórico.
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Esta será la tercera vez que la bancada ahora de oposición promueve la prohibición de la práctica, y la sexta ocasión en el que el Congreso debatirá este asunto. La primera vez que se estudió la propuesta fue en el año 2018. Sin embargo, el proyecto de ley no ha logrado superar su discusión en el legislativo por falta de trámite.
La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno saliente, liderado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, así como de organizaciones sociales y defensores ambientalistas del país.
Postura de De la Espriella frente al fracking
El proyecto de ley radicado en el Senado choca de frente con la política mineroenergética anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno entrante plantea impulsar esa técnica como parte de su estrategia de seguridad energética y de reactivación económica.
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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo ha sostenido a los medios de comunicación que es posible desarrollar esta actividad en Colombia y proteger el medio ambiente al mismo tiempo, siempre que se aplique “con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares”.

Así mismo, afirmó que “el fracking sostenible y responsable puede convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad energética, generar empleo y dinamizar la economía, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y las comunidades”.
Del mismo modo, Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, ha declarado que no existen barreras tecnológicas insalvables para ejecutar la técnica de manera correcta, advirtiendo que su aplicación no sería generalizada en todo el país.
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Arjona, en diálogo con El Tiempo, precisó que, en caso de realizarse, tendría que hacerse con “los mejores estándares existentes en el mundo”, agregando que el fracking estaría “restringido básicamente a unas áreas en los valles interandinos y en el Magdalena Medio (...) Colombia no necesita más discursos ambientales, necesita resultados”.
El uso del agua aparece como otra condición de esa política. El ministro designado afirmó que el gobierno buscará evitar un consumo excesivo de acuíferos y que, si se llegara a presentar contaminación de fuentes hídricas, se iniciaría un proceso de mitigación y compensación para las comunidades afectadas.
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Otras iniciativas de Esmeralda Hernández
Además de la prohibición del fracking en Colombia, la senadora Esmeralda Hernández radicó otras iniciativas en defensa de los animales y el medio ambiente.
Entre los proyectos presentados figura un proyecto para promover una cultura política de paridad de género en la conformación y elección de corporaciones públicas.
A ese grupo se suma una propuesta que declara a los animales como víctimas del conflicto, así como la restricción de perros en actividades de vigilancia privada y mejorar las condiciones de bienestar animal en las llamadas plantas de sacrificio.

La agenda legislativa de la senadora incorpora además un proyecto que prohíbe el cultivo intensivo de cefalópodos, entre ellos pulpos, calamares y sepias. La justificación planteada en el texto se apoya en los efectos negativos que esa actividad tendría sobre el bienestar animal, el ambiente y la salud pública.
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La congresista también fue invitada a acompañar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que propone declarar a los ríos como sujetos de derechos. Esa propuesta se alinea con el eje ambiental de las iniciativas radicadas para este nuevo periodo.
Fuera de este paquete, Hernández dijo que el país debe avanzar en debates como la transformación de la Procuraduría General de la Nación, por lo que anunció que presentará otra iniciativa para modificar tanto el mecanismo de escogencia del titular de la entidad como sus funciones, con el objetivo de convertirla en una institución “de vanguardia” orientada a fortalecer la protección de lo público y responder a los retos de las nuevas ciudadanías.
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