Instalación del Congreso 2026: estos fueron los congresistas que no se posesionaron el 20 de julio y tendrán la “silla vacía”

El 20 de julio de 2026 se desarrolló la instalación de sesiones del Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

Allí, 102 senadores y 182 representantes a la Cámara se posesionaron en su cargo, luego de que fueran elegidos en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

Además, la exfórmula presidencial Iván Cepeda y Aida Quilcué lograron sus curules en el legislativo, otorgadas mediante el Estatuto de Oposición que concede estos escaños por ocupar la segunda posición en los comicios presidenciales.

Sin embargo, en la toma de juramento y posesión de los 186 legisladores del país, se observó que dos congresistas no estaban presentes.

Se tratan del senador electo Wadith Manzur, del Partido Conservador, y la representante electa Karen Manrique, de las curules de paz. Pese a que lograron la votación requerida para ocupar un escaño en el Congreso, ambos congresistas debido a que enfrentan un proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ante esta situación, ambos parlamentarios les fue aplicada la figura denominada “silla vacía”, prevista en el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia. La normativa establece que los congresistas investigados o involucrados en determinados delitos graves no pueden ser reemplazados.

“Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad”, se lee en la Carta Magna.

La figura de la silla vacía, de acuerdo con el Consejo de Estado, no solo afecta al congresista señalado. También opera como una sanción para los partidos y movimientos políticos que avalen a legisladores vinculados con actividades delictivas, porque les impide ocupar esa curul con otro integrante.

Con Manzur y Manrique, la figura creada en 2009 ha sido aplicada en 22 oportunidades en la historia del legislativo, en la que se destacan algunos nombres como Iván Name, Andrés Calle, Ciro Ramírez, Mario Castaño, entre otros.

Investigación contra Wadith Manzur y Karen Manrique

En marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por el entramado mencionado, en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con la ponencia del alto tribunal, ambos habrían aceptado coimas de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de proyectos de esa cartera.

En el caso de Manzur, la investigación indica que habría actuado como vocero de un grupo de congresistas que ofrecían respaldo a proyectos legislativos bajo la condición de que se asignaran contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Sobre Manrique, representante a la Cámara por las curules de paz por Arauca, el expediente de la Fiscalía General de la Nación señala que habría participado en reuniones con el exdirector de la Ungrd Olmedo López y otros funcionarios, donde habría gestionado contratos para obras en tres departamentos a cambio de apoyar iniciativas del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Mientras avanza su situación judicial, Wadith Manzur se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que Karen Manrique permanece en una guarnición militar en Malambo, Atlántico, aunque el Inpec había pedido inicialmente su traslado a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá, pero fue rechazada por la justicia.

Incluso, ambos parlamentarios habían solicitado formalmente autorizaciones de traslado bajo custodia al Capitolio Nacional para tomar posesión de sus escaños en la instalación del Congreso el 20 de julio de 2026.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia negó rotundamente sus peticiones, al considerar que posesión política no entra en las causales legales de traslado penitenciario.

En juicio deberán responder por el delito de cohecho impropio. No obstante, sus equipos jurídicos de defensa han expresado que llevarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Unión Interparlamentaria.