Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria: IVA a conciertos, partidos de fútbol y vehículos híbridos

El gobierno de Gustavo Petro radicó el lunes 20 de julio una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones en 2027 para cerrar el desequilibrio fiscal que, según el Ministerio de Hacienda, se agravó porque más del 90% del presupuesto nacional está comprometido en gastos que la ley no permite recortar.

La meta oficial es que ese ingreso adicional equivalga a 1,0% del Producto Interno Bruto en 2027 y que el recaudo permanente suba después hasta un promedio de 1,5% del PIB, con una proyección de $37 billones en 2030. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el retorno al equilibrio de las finanzas públicas apenas se prevé para 2028.

Según el texto del proyecto, la iniciativa extiende el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y también eleva del 5% al 19% la tarifa general el IVA para los vehículos híbridos. El documento además mantiene el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar.

“El presente Proyecto de Ley de Reforma Tributaria propone un ajuste significativo al gravar los vehículos híbridos con la tarifa general del IVA, en lugar de la reducida del 5% que actualmente aplica. Esta medida no solo busca asegurar una distribución más equitativa de la carga fiscal, sino también apoyar la transición hacia una matriz energética de cero emisiones en el país”, dice en el documento citado por Caracol Radio.

El proyecto llegó al Congreso cuando faltan menos de tres semanas para el fin del mandato y después del fracaso de las dos leyes de financiamiento anteriores. De las cuatro iniciativas tributarias presentadas por esta administración desde 2022, solo fue aprobada la Ley 2277 de 2022.

La propuesta del Ministerio de Hacienda está dividida en cuatro títulos. El primero plantea reducir el gasto tributario con ajustes al IVA, un nuevo gravamen a combustibles fósiles y vehículos híbridos, la extensión del IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados por internet y la eliminación de tarifas preferenciales de renta para hoteles, parques temáticos, parques de ecoturismo, muelles náuticos y proyectos de megainversión.

El segundo eje busca mayor progresividad en renta y patrimonio. La tarifa marginal máxima del impuesto de renta para personas naturales subiría de 39% a 41% para quienes declaran ingresos líquidos superiores a 31.000 UVT.

Las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas pasarían de 20% a 30%. El proyecto también elimina deducciones al impuesto de renta de personas naturales e incluye un impuesto a los dividendos del 30% para sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en Colombia, para personas naturales sin residencia en el país y para sucesiones ilíquidas de causantes no residentes.

En patrimonio, el umbral de entrada bajaría de 72.000 UVT a 40.000 UVT. Según el Ministerio de Hacienda, ese cambio ampliaría el número de contribuyentes de 32.397 a 105.332 e incorporaría una tarifa marginal de 5% para patrimonios superiores a 2.000.000 de UVT.

El texto además vuelve a intentar un impuesto al patrimonio para personas naturales y eleva la carga sobre empresas, incluido el sector financiero, al que les fija una tarifa total de 50%. También aumenta el impuesto a empresas de petróleo y carbón.

El tercer bloque del proyecto grava externalidades negativas. Ahí aparecen combustibles, emisiones de carbono, licores con una tarifa de IVA del 19%, tabaco y cigarrillos electrónicos.

Para cigarrillos, tabacos, cigarros, cigarritos y productos de tabaco calentado, la propuesta fija un componente específico de $11.200 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcional a su contenido. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú sería de $891, más un componente ad valorem de 10% sobre el precio de venta al público certificado anualmente por el Dane.

Para derivados, sucedáneos o imitadores, entre ellos los vapeadores, el proyecto establece un componente específico de $2.000 por mililitro y un componente ad valorem de 30% sobre el precio de venta al público certificado por el mismo organismo. La iniciativa también incrementa el IVA a la gasolina y al diésel.

El articulado incluye además un impuesto especial de 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón en la primera venta. En paralelo, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma propuso al ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas incorporar una contribución parafiscal del sector eléctrico para cubrir deudas acumuladas en esa industria.

En la carta citada por La República, Palma señaló: “En el marco de las competencias del Ministerio de Minas y Energía, nos permitimos remitir para su consideración una propuesta de articulado y su exposición de motivos, dirigida a impulsar la creación de una contribución parafiscal del sector eléctrico, con el fin de que sea considerada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco del proyecto de ley de reforma tributaria que sería presentado ante el Congreso”.

Esa contribución sería similar a la creada mediante decreto en diciembre de 2025 para el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La norma fijó una carga de 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos correspondiente a la vigencia 2025, pagadera en dos plazos.

El Gobierno sostiene que necesita más ingresos porque el recorte del gasto no alcanza para cerrar un hueco fiscal de $30 billones y porque entre 93% y 94% del presupuesto corresponde a rubros inflexibles, asociados a transferencias territoriales y otras obligaciones legales.

Según la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, Colombia atraviesa un desequilibrio fiscal estructural derivado del crecimiento del gasto inflexible por encima de los ingresos. El documento agrega que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal activó la cláusula de escape prevista en la Ley 1473 de 2011, con metas de déficit de -7,1% del PIB para 2025, -5,3% para 2026 y -4,9% para 2027.

El ministerio citó además un informe de la Ocde de 2022 según el cual “el sistema de beneficios tributarios en Colombia es regresivo” porque favorece de manera desproporcionada a los contribuyentes de mayores ingresos. El mismo documento reconoce posibles efectos inflacionarios por los ajustes al IVA, aunque afirma que el impacto sería menor para los hogares de menores ingresos.

Ávila atribuyó la decisión a una estrategia de “asfixia fiscal” contra el Gobierno nacional y a desajustes originados, desde su perspectiva, en decisiones legislativas y judiciales. El ministerio definió la radicación del proyecto como una “decisión estratégica e inaplazable para el Estado colombiano” y sostuvo que archivarlo “no solo retrasaría el avance hacia una consolidación fiscal sostenible, sino que también podría generar riesgos significativos para la estabilidad económica” del país.

Desde el frente crítico, el exdirector de la Dian Lisandro Junco afirmó que el Gobierno debe “romper con esa lógica de subir impuestos para tapar huecos”, dijo al medio económico. También dijo que “sin duda, la clave es mejorar la administración tributaria, mantener la disciplina del gasto y lograr que Colombia vuelva a una senda de déficit y deuda compatibles con la regla fiscal en 2028”.

El debate arrancará en la Cámara de Representantes en un año electoral y en un Congreso con nuevas mesas directivas, un escenario que abre dudas sobre las mayorías del oficialismo para tramitar una reforma que será una de las primeras pruebas legislativas del cierre del gobierno de Petro.