Coronel (r) de la Policía aseguró que recortaron su unidad y le bajaron el presupuesto tras superar la meta de erradicación: “No se nos puede castigar por cumplir”

El coronel retirado Juan Pablo Bernal denunció que, después de que su equipo superó las 20.000 hectáreas de coca erradicadas en 2023, la Policía Nacional retiró a oficiales con experiencia del área que dirigía y recortó recursos, una combinación que, según su versión, debilitó la capacidad operativa contra el narcotráfico y alteró la continuidad de la estrategia antidrogas.

La reducción, sostuvo, ocurrió en un contexto de caída más amplia en la erradicación. Según relató en una entrevista con Semana, Colombia pasó de cerca de 48.000 hectáreas erradicadas en 2022 a poco más de 20.000 en 2023, mientras el país registraba alrededor de 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bernal fue exjefe del Área de Intervención de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional. En su relato, el punto de quiebre llegó al cierre de 2023, cuando la dependencia cumplió la meta interna de erradicación fijada por la propia institución ante la ausencia de un objetivo oficial del Gobierno nacional.

El oficial retirado dijo al medio citado que el mando dispuso la salida de tenientes coroneles que respaldaban la operación y también de mayores con más antigüedad y experiencia. Según su versión, eso lo dejó “prácticamente solo”, trabajando con oficiales subalternos y con mayores recién ascendidos.

“Eso hizo que quedara prácticamente solo, trabajando con oficiales subalternos y con mayores recién ascendidos”, dijo el oficial retirado.

Bernal explicó que, desde el punto de vista estratégico, la salida de esos funcionarios afectó el diseño y la ejecución de la operación. “Los tenientes coroneles y los mayores con mayor antigüedad conocían la operación, tenían preparación y experiencia, y contribuían a formular la estrategia operacional”.

Añadió que en un comienzo asumió que se trataba de un relevo normal y que llegarían nuevos tenientes coroneles preparados para asumir esas responsabilidades. Eso, afirmó, nunca ocurrió pese a las solicitudes que presentó, y desde entonces comenzaron las dificultades para cumplir la misión.

El coronel (r) también vinculó ese cambio de personal con decisiones presupuestales y contractuales. Según su relato, comenzó a estructurarse una reducción de recursos que, sumada a la pérdida de cuadros experimentados, terminó por “diezmar” el trabajo que venía realizando la dependencia.

Bernal sostuvo que la modificación de la política antidrogas durante el gobierno de Gustavo Petro no solo afectó la continuidad operativa del área, sino la asignación de recursos y la dinámica del respaldo internacional. En especial, mencionó el vínculo con Estados Unidos.

Según el exjefe antidrogas, al finalizar 2023 el Gobierno estadounidense ya advertía problemas con la política colombiana frente al narcotráfico y condicionaba su apoyo a un fortalecimiento de la interdicción y a un aumento de la erradicación.

“La erradicación no volvió a desarrollarse en la misma proporción de años anteriores. Esas fueron, en términos generales, las exigencias planteadas por Estados Unidos: fortalecer la interdicción, afectar la cadena del narcotráfico e incrementar la erradicación”, expresó el coronel (r) Bernal.

Bernal sostuvo que el debilitamiento de su área no fue solo administrativo, sino que tuvo efectos directos sobre la capacidad del Estado para sostener operaciones en terreno. La consecuencia, según su versión, fue una menor respuesta frente a la expansión de los cultivos ilícitos.

Bernal aseguró que está dispuesto a entregar documentos públicos y reservados a las autoridades competentes para respaldar sus afirmaciones. También informó que ya inició acciones judiciales con el objetivo de buscar su reintegro.

Sobre ese proceso, el coronel retirado afirmó: “Busco que se corrija lo sucedido, que se revisen los detalles y que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia”.

En la parte final de su declaración al medio, añadió que espera que se consideren los hechos conocidos públicamente sobre acuerdos entre funcionarios del Gobierno y grupos criminales.

“Quienes estábamos cumpliendo nuestra misión deberíamos tener la posibilidad de regresar a nuestra actividad. No se nos puede castigar por cumplir con nuestro deber mientras se otorgan beneficios a los criminales”.