Concejal exigió explicaciones a la UNP por esquema de seguridad presuntamente asignado a Beto Coral: recordó el caos de Miguel Uribe

El concejal Andrés Barrios Bernal cuestionó al Gobierno nacional saliente, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas irregularidades que se han presentado en la asignación de esquemas de seguridad para personas que están en riesgo.

De acuerdo con el cabildante, en apenas unas horas, el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, recibió un esquema de protección. Esto, luego de haber llegado a Colombia deportado desde Estados Unidos por su supuesta situación migratoria anómala.

“A pocos días de salir del poder, el petrismo sigue utilizando las instituciones con descaro, con favoritismo y con una peligrosa doble moral. El activista e influenciador petrista Beto Coral aterrizó hace nada en Colombia, deportado de los Estados Unidos y según las denuncias que hoy circulan, en cuestión de horas ya la Unidad Nacional de Protección le había asignado un esquema”, detalló.

A juicio del funcionario, la UNP debe dar explicaciones sobre la manera como se tramitó el esquema de protección presuntamente otorgado al activista. Según indicó, la ciudadanía debe saber dónde está el estudio de riesgo, cuándo se solicitó el esquema, quién lo aprobó y bajo qué criterios se tomó la decisión de aprobar la asignación del equipo de protección para Beto Coral y por qué la diligencia se realizó tan ágilmente.

Según indicó, esas inquietudes están basadas en denuncias de otras personas que en su momento pidieron la asignación o el fortalecimiento de sus esquemas, pero, al parecer, su petición no fue atendida adecuadamente por la entidad. El cabildante recordó el caso del precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que, según informó su abogado Víctor Mosquera, en más de una ocasión pidió que se mejorara su esquema de seguridad y, presuntamente, su solicitud fue ignorada. El también congresista fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto de ese año.

“Su abogado denunció que esas alertas no fueron atendidas como correspondía. Después vino el magnicidio y el país terminó pagando las consecuencias de las omisiones. Al frente de la UNP estaba y continúa estando hasta hoy Augusto Rodríguez, antiguo integrante del M-19 y hombre de absoluta confianza política de Gustavo Petro, un bandido”, aseveró.

En ese sentido, el concejal puso en duda la transparencia y los criterios de la UNP para la aprobación de esquemas de seguridad. Cuestionó si las decisiones se toman según el nivel de riesgo de los solicitantes o de acuerdo con la cercanía ideológica que tengan con el Gobierno del presidente Petro.

Aseguró que, mientras a “un opositor amenazado”, al parecer, se le respondió a su petición con “demoras, negativas y puras excusas”, al activista Beto Coral se le atendió con celeridad y eficiencia. “Las omisiones frente a Miguel no fueron simplemente burocráticas, sino el resultado de una institución en la que la voluntad política pesó más que en la vida de un opositor”, añadió.

Ahora bien, contrario a lo expuesto por el abogado Víctor Mosquera, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó que Miguel Uribe Turbay contaba con un esquema de seguridad adecuado. Sin embargo, indicó que el mismo precandidato presidencial se puso en riesgo al dividir al equipo de escoltas que tenía, para que un grupo de ellos protegiera a su familia. Además, al parecer, no aceptó que se hicieran relevos en el esquema.

“El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, detalló el funcionario, en conversación con El País América.