Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), respondió a las críticas que surgieron por la asignación de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, quien regresó a Colombia el pasado 16 de julio luego de permanecer 11 años en Estados Unidos.
El pronunciamiento del exfuncionario se produjo a través de su cuenta en la red social X, donde hizo referencia a las publicaciones de Noticias RCN y Revista Semana, medios que informaron sobre los cuestionamientos al procedimiento mediante el cual se le otorgó protección al activista.
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“TAN BONITOS ¿Y qué querían? que a Beto Coral, en la mira directa de quién lo hizo deportar y prometió destriparnos, lo dejáramos sin seguridad una semana mientras le hacían el estudio? ¿O mientras le hacían la vuelta? Sí cómo nooo”, escribió Bolívar.
Con ese mensaje, el exdirector del DPS defendió que la protección fuera asignada de manera inmediata, al considerar que no era procedente esperar la culminación de los trámites administrativos antes de adoptar medidas de seguridad.
Las publicaciones a las que respondió Gustavo Bolívar
La reacción de Bolívar se produjo después de que Noticias RCN publicara una denuncia del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, según la cual a Beto Coral le fue asignado un esquema de seguridad de forma “exprés”, sin que hasta ese momento se conociera la resolución correspondiente al estudio de riesgo que normalmente hace parte del procedimiento para acceder a este tipo de medidas.
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De acuerdo con la información divulgada por ese medio, al activista le fue asignada una camioneta Toyota modelo 2018 como parte del esquema de protección, luego de regresar a Colombia tras renunciar a su solicitud y proceso de asilo en Estados Unidos.
Según la publicación, el sindicato sostuvo que hasta el momento no se conocía el estudio de riesgo que sustenta la decisión y señaló que este tipo de procedimientos habitualmente requiere una evaluación técnica previa.
Coral informó sobre su regreso al país mediante un comunicado en el que explicó que permaneció durante 11 años en Estados Unidos, donde había solicitado asilo político tras ingresar legalmente. Posteriormente, indicó que decidió renunciar a ese proceso y regresó a Colombia.
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Los cuestionamientos expuestos
Por su parte, Semana informó sobre las críticas formuladas por el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien preguntó públicamente cuáles fueron las razones para asignar el esquema de protección y solicitó conocer el estudio de riesgo que respaldó la decisión.
En la publicación también se incluyó el pronunciamiento de Analtraseg, sindicato que agrupa a escoltas, cuyos voceros señalaron que la protección habría sido otorgada mediante un trámite de emergencia, debido a que, según esa organización, no habría sido posible realizar un estudio de seguridad completo en el tiempo transcurrido desde el regreso de Coral al país.
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Asimismo, el directivo sindical Wilson Javier Devia, integrante del sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección y de las uniones temporales, afirmó que la facultad discrecional del director de la UNP para adoptar medidas de protección de emergencia debe estar sustentada en situaciones de riesgo inminente y amenaza demostrada, y manifestó que, desde su criterio, ese no sería el caso.
Devia calificó la decisión como un “favor político” y cuestionó que el esquema de protección hubiera sido asignado en pocos días.
El marco legal para las medidas de protección de emergencia
En la misma publicación, La revista recordó que el director general de la Unidad Nacional de Protección cuenta con la facultad de adoptar medidas de protección de emergencia, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, cuando considere que existe un riesgo grave para la vida o la integridad de una persona.
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El medio también señaló que, conforme a los estándares fijados por la Corte Constitucional, la Dirección de Evaluación del Riesgo no participa en la decisión inicial de otorgar una medida de emergencia, ya que su función corresponde a la evaluación técnica posterior sobre la amenaza, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo.
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