Defensoría alerta por ataques armados en cinco departamentos que dejaron muertos, heridos y desplazamientos

Las comunidades de cinco departamentos del país vivieron varios días marcados por la violencia. Ataques con explosivos, enfrentamientos entre grupos armados, hostigamientos y otras acciones dejaron víctimas, daños en bienes civiles y obligaron a varias personas a abandonar sus hogares, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

La entidad hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección dirigidas a la población afectada. Además, insistió en la necesidad de mantener una presencia institucional coordinada que permita salvaguardar los derechos de las comunidades expuestas a estos hechos.

Los episodios de violencia ocurrieron entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander. De acuerdo con la Defensoría, los ataques fueron atribuidos a distintos grupos armados ilegales y afectaron tanto a civiles como a integrantes de la Fuerza Pública. Uno de los casos reportados se presentó en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, en Chocó. Allí, 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN, situación que obligó a su evacuación.

Durante esas acciones murieron dos soldados y otros seis uniformados resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos. La Defensoría advirtió que las comunidades indígenas cercanas continúan expuestas a riesgos por la posible presencia de explosivos y por la continuidad de las hostilidades en la zona. En Arauca, el 16 de julio, un ataque con explosivos atribuido al ELN impactó la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame. El hecho dejó dos policías y una mujer de la población civil fallecidos, además de nueve uniformados heridos.

La entidad también alertó que el atentado ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niños y niñas indígenas, así como del Centro Educativo Inocencio Chincá. Esta situación expuso a estudiantes, docentes y habitantes del sector a los efectos del ataque. Otro de los hechos ocurrió en el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, Vichada. Allí, un ataque armado perpetrado por un grupo que aún no es identificado dejó tres jóvenes indígenas asesinados y una mujer de 45 años herida.

La Defensoría señaló que varias familias tuvieron que desplazarse y que algunas viviendas fueron incendiadas. Además, recordó que la Alerta Temprana 017 de 2024 ya advirtió sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por la presencia de grupos armados ilegales en esa región, entre ellos la Segunda Marquetalia, el ELN, las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, autodenominado EMC, y el Clan del Golfo, autodenominado EGC.

En Norte de Santander, específicamente en el municipio de Tibú, un atentado con carro bomba atribuido al ELN se registró cerca de una instalación militar. El ataque dejó siete personas afectadas, tres de ellas lesionadas por esquirlas y cuatro con afectaciones emocionales. Además, ocasionó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio ubicada en el sector.

La situación en Cauca también fue incluida en el reporte. En una zona rural de El Tambo, la Defensoría indicó que miembros de la comunidad habrían sido presuntamente coaccionados por las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, autodenominado EMC, para desplazarse hacia el sector de El Filo con el propósito de exigir la salida del Ejército.

Según el informe, durante esos hechos varios civiles intentaron despojar de sus armas a integrantes del Ejército, quienes respondieron con disparos. Como consecuencia, una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Posteriormente, se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Crucero de Pandiguando, sin que se reportaran civiles o uniformados lesionados.