Equipo de Abelardo De La Espriella identificó más de 170 posibles irregularidades en contratos del Gobierno Petro

El equipo designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para revisar la contratación y las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro ha identificado más de 170 posibles irregularidades, algunas de las cuales ya dieron lugar a denuncias ante las autoridades competentes.

De acuerdo con una primicia revelada por El Tiempo, las alertas corresponden a contratos y actuaciones administrativas de distintas entidades del Estado, entre ellas la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Invías y empresas electrificadoras.

Según ese medio, el proceso de revisión comenzó luego de la suspensión del empalme entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo. A partir de ese momento, los auditores empezaron a recopilar derechos de petición y denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la contratación pública.

Hasta el momento, diez casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, mientras continúan las verificaciones sobre el resto de expedientes.

Así avanza la revisión de los contratos

Según conoció el diario, el equipo de auditoría cruza la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) con reportes periodísticos que evidencien posibles alertas sobre procesos contractuales o actos administrativos.

El procedimiento contempla una revisión técnica previa antes de radicar cualquier denuncia.

De acuerdo con el medio, Carlos Sánchez, auditor forense del equipo, es el encargado de emitir un concepto técnico sobre cada caso. Posteriormente, los expedientes pasan al grupo jurídico, responsable de elaborar las denuncias penales o las quejas disciplinarias y de responsabilidad fiscal que son presentadas ante los organismos de control.

Convenio entre la SAE y la ANT hace parte de las alertas

Uno de los principales frentes de revisión corresponde a la política de compra de tierras impulsada por el Gobierno nacional.

Según la información publicada, el equipo de De La Espriella documentó posibles irregularidades en un convenio entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionadas con la adquisición de predios que, en la mayoría de los casos, no aparecerían titulados a nombre del Estado.

Personas involucradas en las auditorías explicaron al diario que la preocupación no se limita a un eventual detrimento patrimonial.

De acuerdo con esas fuentes, existiría incertidumbre jurídica porque algunos de los predios entregados a campesinos continuarían cobijados por medidas cautelares dentro de procesos judiciales y podrían regresar a manos de sus propietarios originales si así lo determina un juez.

Ecopetrol y Cenit también hacen parte de las denuncias

Entre los expedientes revisados figura igualmente un proceso contractual relacionado con Cenit, filial de Ecopetrol.

Según la denuncia citada, el contrato, adjudicado a la firma Gesycobro S.A.S., supera los 21.108 millones de pesos y habría sido otorgado por encima de empresas reconocidas del sector.

A ese caso se suma otra denuncia que cuestiona la actuación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

De acuerdo con la información publicada, el equipo del presidente electo sostiene que Roa presuntamente continuó participando en juntas directivas y utilizando vehículos oficiales e incluso aeronaves de la compañía mientras se encontraba en licencia, luego de la imputación de cargos en su contra por tráfico de influencias.

Contratos del ICBF y otras entidades también están bajo revisión

Otro de los casos mencionados corresponde a un contrato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con un hospital intervenido en el departamento del Chocó para atender a niños, niñas y madres gestantes con desnutrición.

Ese expediente ya había sido objeto de una queja disciplinaria presentada por el equipo del presidente electo.

Además, el medio conoció que las auditorías incluyen presuntas anomalías en contratos de Invías, empresas electrificadoras e incluso de la Vicepresidencia Jurídica, donde, según las fuentes consultadas, algunos procesos habrían sido direccionados.

Información entregada por funcionarios salientes

Según fuentes citadas por El Tiempo, parte de las denuncias que actualmente revisa el equipo de auditoría habría sido suministrada por funcionarios del propio Gobierno saliente.

De acuerdo con esas versiones, algunos servidores públicos decidieron entregar información sobre presuntos hechos de corrupción que habrían conocido durante su permanencia en distintas entidades estatales.

El diario señaló que, según esas fuentes, varios funcionarios estarían buscando poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean objeto de las investigaciones correspondientes.