Autoridades liberaron a dos jóvenes que eran obligados a grabar pornografía en Medellín: los engañaron con falsas ofertas de trabajo

Tras varias semanas de investigación conjunta, en la mañana del domingo 19 de julio se conoció sobre la liberación de dos personas que permanecían secuestradas en la ciudad Medellín por una presunta red que, mediante engaños sobre supuestas ofertas laborales, captaba víctimas para obligarlas a generar contenido sexual digital.

Según se conoció, las autoridades lograron la extracción de las personas retenidas tras un operativo en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el barrio Las Camelias de la capital de Antioquia.

El caso salió a la luz luego de que la madre de una de las víctimas alertara a las autoridades sobre la privación de la libertad de su hijo. Tras la denuncia, el Gaula Militar, el CTI Gaula Medellín y la Unidad Nacional de Inteligencia Especializada coordinaron acciones para localizar el inmueble y realizar el rescate. El procedimiento concluyó sin reportar lesiones, después de varios días de vigilancia y análisis de inteligencia.

Las víctimas relataron que, tras responder a una oferta laboral falsa, terminaron retenidas desde el 4 de junio en la vivienda señalada. Durante más de un mes, los captores les impidieron salir y los obligaron a producir material sexual para plataformas digitales, bajo amenaza y coacción constante. Según declaraciones posteriores, la falsa promesa de empleo fue el punto de partida del engaño.

Las autoridades confirmaron que la modalidad de captación utilizada se basa en ofertas laborales engañosas que resultan en la privación de libertad y la explotación digital, combinando delitos como el secuestro y la trata de personas.

La investigación identificó a los presuntos responsables como miembros del grupo de delincuencia común organizada La Oculta, estructura que, de acuerdo con la información oficial, estaría vinculada al grupo delincuencial organizado El Limonar.

Los investigadores sostienen que la red emplea el engaño para captar víctimas y luego las obliga a generar contenido sexual, obteniendo así beneficios económicos mediante la explotación en plataformas digitales.

La hipótesis principal es que estos grupos utilizan la restricción de la libertad y la explotación sexual de manera sistemática, aprovechando la vulnerabilidad de quienes buscan empleo.

Entretanto, la recolección de pruebas quedó en manos del CTI Gaula Medellín, que continuará indagando para establecer las responsabilidades penales de los presuntos responsables y verificar si existen otras personas afectadas por el mismo mecanismo de captación.

Asimismo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante ofertas laborales no verificadas y reportar cualquier situación sospechosa, ya que la modalidad de engaño detectada en este caso podría estar operando en otras zonas de la ciudad y del país.

La Policía deja a disposición de la Fiscalía a una mujer por maltrato animal en Medellín

Un perro llamado Rossy murió en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín después de que una mujer de 39 años lo arrojara desde un cuarto piso durante una discusión familiar. La señalada responsable quedó bajo custodia policial por maltrato animal.

Tras el llamado de vecinos a la línea 123, acudió la Policía Ambiental y, al constatar lo ocurrido, realizó la captura y dejó el caso en manos de las autoridades, según el coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana.

Puentes indicó que la agresión se produjo en medio de un episodio que habría escalado desde una situación de violencia intrafamiliar. De acuerdo con su versión, la mujer tomó al canino y lo lanzó por el balcón, lo que le causó la muerte de forma instantánea por los golpes.

“La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de maltrato animal. El Grupo de Carabineros y Protección Ambiental coordinó las actuaciones correspondientes para la inspección técnica y la recolección de los elementos materiales probatorios que hacen parte del proceso investigativo”, señaló el coronel Puentes.

A la procesada se le aplicarían sanciones bajo la Ley Ángel (ley 2455 de 2025), que contempla una pena superior a tres años de cárcel y multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 105 millones de pesos, además de restricciones para tener animales y medidas para que las condenas no sean excarcelables.

Según la Policía Nacional, en 2026 se han denunciado 77 casos de maltrato animal en Antioquia. Del total, 30 ocurrieron en Medellín, mientras que en 2025, a la fecha, se reportaban 68 casos.