Casas, vehículos de lujo y hasta 38 bovinos: los detalles de las propiedades del Clan del Golfo que el Estado intervino en Antioquia

El 15 de julio, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ocuparon 52 bienes, valorados en más de 14.100 millones de pesos, que presuntamente pertenecen a Uldar Cardona Rueda, cabecilla financiero del Clan del Golfo.

La operación “THOR” se registró en Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta, Antioquia, con el objetivo de afectar la capacidad económica de la organización. Las autoridades informaron que los inmuebles, adquiridos con dinero del narcotráfico y la extorsión, eran usados como refugio y descanso por el cabecilla y otros miembros del grupo.

El 17 de julio, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que 23 de los bienes pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que los restantes seguirán en un proceso de viabilidad jurídica.

“Esta es otra muestra de que, hasta el final de este Gobierno, la SAE sigue y seguirá cumpliendo con dignidad, transformando en legal lo que fue ilegal, además de ponerlo al servicio de quienes, de alguna manera, fueron víctimas del narcotráfico y sus otros delitos derivados”, declaró la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, sobre la entrega de las propiedades.

Las claves de la entrega

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 23 predios urbanos y rurales, así como vehículos, semovientes y establecimientos de comercio, que presuntamente pertenecieron a cabecillas del Clan del Golfo.

La intervención se registró gracias a informes en los que quedó descubierta la injerencia de los hermanos Andrés Alberto Machado Arrieta y Eimer Antonio Machado Arrieta en actividades criminales en municipios del Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con las investigaciones, ambos serían miembros relevantes de una subestructura del Clan del Golfo.

La investigación penal permitió identificar, mediante análisis patrimonial y pesquisas de campo, bienes y recursos económicos que, según la Fiscalía, estarían permeados por los réditos de actividades ilegales. Se recabaron pruebas documentales, entrevistas, inspecciones judiciales y actos de reconocimiento que, en conjunto, sustentaron la adopción de las medidas cautelares.

Mediante una resolución, la Fiscalía adoptó medidas cautelares sobre los bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas, resaltando que el artículo 88 establece que pueden ser objeto de suspensión del poder dispositivo al considerarse justificada la intervención integral sobre los bienes identificados, al constatar la presunta utilización de recursos ilícitos para su adquisición, así como la posibilidad de que los investigados y sus familiares actuaran como testaferros.

Detalles de los bienes intervenidos

La resolución afecta no solo a los hermanos Machado Arrieta, sino también a familiares y personas de su entorno, incluyendo a Nathali Lobo Villegas, Sobeida Arrieta Álvarez, Nayerly Machado Arrieta, Erney Machado Arrieta, Yulieth Miranda López y Gloria Andrea Guerrero Rivera. La medida comprende bienes muebles e inmuebles, vehículos y semovientes. Estos son los detalles de las propiedades intervenidas:

• 23 predios urbanos y rurales en municipios como Caucasia y Nechí (Antioquia). Los predios incluyen casas, apartamentos, lotes urbanos y rurales, bodegas y fincas, algunos de ellos ubicados en sectores como BR Horizontes, barrio El Triángulo y Villa Arabia.
• Vehículos y motocicletas: se incluyen motocicletas de marcas como Kymco, Suzuki, Kawasaki, Honda y Yamaha, y una camioneta Mazda CX-30 modelo 2022, todas registradas a nombre de los afectados.
• Semovientes: 38 bovinos registrados en la finca El Desquite, municipio de Nechí, Antioquia, propiedad de Eimer Antonio Machado Arrieta.
• Otros bienes: establecimientos de comercio y negocios explotados económicamente, que de acuerdo al análisis, presentan trazabilidad dudosa en cuanto a la procedencia de los recursos utilizados para su adquisición y operación.

Como causales de la extinción de dominio, la Fiscalía fundamentó la intervención en los numerales 1 y 4 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014. La medida busca impedir el disfrute, transferencia, ocultamiento o deterioro de los bienes mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con las autoridades, el embargo de los bienes busca proteger a la comunidad y evitar que recursos derivados de actividades ilícitas sigan circulando o financien nuevas acciones delictivas. Las medidas cautelares adoptadas son razonables y proporcionales al daño causado por la organización, según la Fiscalía. Los afectados mantienen su derecho de defensa y pueden aportar pruebas sobre el origen legítimo de los bienes en la siguiente etapa procesal.