Ministerio de Defensa pidió la intervención de la Procuraduría por solicitudes del congresista José Jaime Uscátegui

El 16 de julio, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui denunció que el Ministerio de Defensa le negó el acceso total a información oficial pese a invocar el Estatuto de la Oposición. Uscátegui había presentado dos derechos de petición con cerca de 260 preguntas sobre temas estratégicos de defensa.

El Ministerio de Defensa respondió solo una parte de las solicitudes y prorrogó la entrega del resto, argumentando que el Estatuto de la Oposición solo aplica cuando la solicitud proviene de la organización política declarada en oposición y a través de su representante legal ante la Autoridad Electoral.

La cartera de Defensa sostuvo que la Ley Quinta de 1992 y la Ley 1755 de 2015 son las normas aplicables para la entrega de información a congresistas, dejando por fuera el Estatuto de la Oposición en este caso. Uscátegui criticó la decisión por considerar que limita el control político y la transparencia, y anunció acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue una posible extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del Ministerio.

El congresista señaló que el Confis aprobó vigencias futuras por 13 billones de pesos para proyectos del sector defensa y cuestionó la asignación de recursos, especialmente un contrato de 800.000 millones de pesos para el Escudo Nacional Antidrones, y solicitó la suspensión de este contrato hasta que se revisen aspectos técnicos y presupuestales.

Ministerio de Defensa radicó solicitud de actuación preventiva contra Uscátegui

Infobae Colombia tuvo acceso a la solicitud de actuación preventiva ante la Procuraduría General de la Nación que presentó la cartera de Defensa para que se analice la dimensión y el impacto de los recientes requerimientos de control político efectuados por el representante Jaime Uscátegui.

De acuerdo con la comunicación oficial, en menos de dos semanas se acumularon seis solicitudes que suman 1.360 preguntas dirigidas no solo al ministerio, sino a la totalidad del sector Defensa, incluyendo a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y dieciocho entidades descentralizadas.

El ministerio advirtió que el volumen y la complejidad de las solicitudes obligan a una movilización de recursos internos significativa, al activar decenas de dependencias y consolidar miles de unidades de información. La administración considera que el análisis de la Procuraduría debe centrarse en determinar si existe algún indicio de uso desproporcionado de las prerrogativas legales por parte del congresista, dado que las solicitudes se sustentaron de manera simultánea bajo el argumento de que eran bajo el Estatuto de la Oposición y en la Ley quinta de 1992.

El documento subraya que la presentación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría ocurrió cuando el proceso de respuesta seguía en marcha. Para la cartera de Defensa, resulta relevante que se evalúe si el ejercicio de control político puede derivar en una presión administrativa excesiva, afectar la operatividad institucional o exponer a los funcionarios a contingencias disciplinarias pese a que han desplegado actuaciones verificables para atender los requerimientos.

El oficio solicita que la Procuraduría examine posibles desviaciones en el uso de los mecanismos de control y la pertinencia de emitir advertencias preventivas, con el objetivo de proteger tanto el control político legítimo como el funcionamiento regular de la administración pública.

Las claves de la solicitud

El Ministerio de Defensa solicitó a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento institucional debido a la magnitud y complejidad de seis derechos de petición presentados por el representante José Jaime Uscátegui entre el 3 y el 14 de julio de 2026.

La Secretaría de Gabinete subrayó que estas peticiones obligaron a remitir 51 oficios internos y a coordinar respuestas de numerosas dependencias, muchas veces sobre solicitudes reiterativas o con requerimientos metodológicos estrictos, como evitar la agrupación de respuestas y exigir motivación documental específica por cada archivo.

El ministerio advirtió que la acumulación de preguntas, algunas idénticas salvo por una frase, y la exigencia de respuesta en cinco días, ponen en riesgo la continuidad administrativa, el cumplimiento de funciones esenciales y la protección de información reservada o clasificada. Además, alertó sobre la posibilidad de que la imposibilidad material de responder en los plazos dados exponga a los funcionarios a denuncias o acciones disciplinarias, pues deben escoger entre velocidad y rigor técnico-jurídico. La entidad solicitó que la Procuraduría deje constancia preventiva de la gestión y evalúe la proporcionalidad y razonabilidad de la carga administrativa generada.