El Ministerio del Trabajo anunció el viernes 17 de julio de 2026 la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Banco J.P. Morgan Colombia S.A. por presuntas irregularidades en la gestión de una denuncia de acoso laboral y posibles fallas en el funcionamiento de su Comité de Convivencia Laboral.
La decisión implica la formulación de dos cargos que serán evaluados en el marco de un proceso administrativo, de acuerdo con lo que reseña el comunicado oficial emitido por la misma cartera.
Los motivos que dieron pie a la investigación del Ministerio de Trabajo a J.P. Morgan Colombia S.A.
El primer cargo se relaciona con la supuesta omisión de medidas preventivas y correctivas estipuladas en el reglamento interno de trabajo, vinculadas a una denuncia presentada en febrero de 2024.
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Según el Ministerio, aunque las áreas de Employee Relations y Global Security del banco realizaron investigaciones internas, la autoridad laboral examinará si era obligatorio activar el Comité de Convivencia Laboral y aplicar el procedimiento previsto en la normativa vigente.
El proceso busca determinar si los canales corporativos utilizados por el banco podían sustituir el mecanismo interno encargado de recibir quejas, escuchar a las partes, formular recomendaciones, comunicar los resultados y promover medidas de prevención y corrección en casos de acoso laboral.
Adicional a lo anterior, de la cartera de Trabajo también se evaluará si la entidad financiera cumplió con las garantías y procedimientos exigidos por la legislación laboral colombiana.
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El segundo cargo apunta a la presunta falta de conformación y funcionamiento regular del Comité de Convivencia Laboral entre el 1 de noviembre de 2024 y el 23 de enero de 2025.
De acuerdo con el auto de formulación de cargos, el periodo del anterior comité terminó el 31 de octubre de 2024, mientras que el nuevo órgano se constituyó formalmente solo hasta el 24 de enero de 2025.
Dicho lapso cercano a tres meses será objeto de evaluación dentro del proceso.
Qué tendrá que hacer J.P. Morgan Colombia S.A. como parte del proceso
Como parte del procedimiento, J.P. Morgan Colombia deberá presentar sus descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa antes de que el Ministerio adopte una decisión de fondo.
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En caso de establecerse responsabilidad administrativa, la entidad financiera podría enfrentar sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“La existencia de investigaciones corporativas no necesariamente reemplaza los procedimientos exigidos por la legislación laboral colombiana”, afirmó la firma Mauricio Pava Abogados, representante de la parte peticionaria.
En esa misma línea argumental, añade la respuesta oficial por parte de la defensa, “este procedimiento deberá establecer si el banco cumplió las garantías laborales y los mecanismos de prevención que estaba obligado a aplicar”, añadió la firma.
El Ministerio puntualizó en su comunicado que la formulación de cargos no constituye una decisión definitiva ni implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad. Esto será determinado una vez concluya la actuación administrativa y sean valorados los argumentos y las pruebas presentadas por las partes.
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El caso que pone bajo la lupa el cumplimiento de los protocolos internos para la prevención y atención del acoso laboral en el sector financiero, podría sentar un precedente en la supervisión de los mecanismos de convivencia laboral en Colombia.
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