Mineros de Santurbán anuncian demandas contra resoluciones del Ministerio de Ambiente: estas son las razones

Las comunidades mineras de Soto Norte anunciaron que acudirán a la justicia para intentar frenar las recientes decisiones del Ministerio de Ambiente sobre el páramo de Santurbán. Gremios, organizaciones sociales y líderes comunales consideran que las nuevas resoluciones afectan la minería legal y fueron expedidas sin cumplir los procesos de concertación que, según ellos, exige la ley.

La respuesta de las organizaciones incluye acciones penales y administrativas contra la cartera ambiental y contra los funcionarios que firmaron los actos administrativos. Los representantes del sector sostienen que las medidas desconocen los derechos de las comunidades que históricamente viven de la actividad minera en municipios como Vetas y California, en Santander. El anuncio se produce en medio de un nuevo capítulo del debate sobre Santurbán, una zona donde durante años coexisten discusiones ambientales, jurídicas y económicas relacionadas con la protección del páramo y la permanencia de la minería tradicional.

Los gremios aseguran que las disposiciones emitidas por el Ministerio de Ambiente limitan el desarrollo de la minería formal en la región y, lejos de resolver el problema, podrían favorecer el crecimiento de la explotación ilegal de minerales. A juicio de las organizaciones, las restricciones terminan afectando principalmente a los pequeños productores que adelantaron procesos de formalización y cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y delegada ante el POMCA del Alto Lebrija, aseguró que las políticas adoptadas dejan en desventaja a quienes ejercen la minería de manera organizada, mientras aumentan los riesgos frente a actores que operan por fuera de la legalidad. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la denominada “delimitación progresiva” del Páramo de Santurbán. Según los voceros del sector, esta figura no se ajusta a los parámetros establecidos por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.

Las organizaciones recuerdan que esa decisión judicial ordenó adelantar una delimitación integral y concertada con los municipios ubicados en el área de influencia del ecosistema. Además, sostienen que el propio Ministerio de Ambiente había considerado inviable ese mecanismo en un concepto jurídico presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander durante 2023.

Otro de los puntos que genera inconformidad es la declaratoria de una Zona de Reserva Permanente en el municipio de California. Los representantes de Soto Norte afirman que esa decisión fue adoptada sin realizar procesos suficientes de consulta y participación con las comunidades que dependen de la minería como principal actividad económica.

Según los gremios, esa situación desconoce los principios contemplados en el Acuerdo de Escazú relacionados con el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales. La preocupación también se extiende a la propuesta de prolongar hasta 2029 la vigencia de la Zona de Reserva Temporal creada inicialmente en 2024.

De acuerdo con los líderes comunitarios, mantener esa medida durante varios años más prolongaría la incertidumbre para los municipios de la provincia, cuyas economías dependen en gran medida de la minería legal y de las actividades que se generan alrededor del sector. Como respuesta a este panorama, las organizaciones anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra encargada Irene Vélez y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.

De manera paralela, solicitarán la intervención de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Santander para que ejerzan vigilancia sobre el proceso y garanticen el cumplimiento del debido proceso.

El conflicto por Santurbán continúa siendo uno de los temas ambientales más sensibles del país, debido a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del ecosistema y la actividad económica de las comunidades que habitan la región desde hace décadas. La discusión también coincide con recientes pronunciamientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien propuso realizar nuevos estudios técnicos sobre el complejo de páramos con el acompañamiento de auditorías científicas internacionales.