La Fiscalía aseguró que un conductor figura como socio fundador en una empresa vinculada al caso Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho personas por un presunto entramado transnacional de contrabando y lavado de activos vinculado al caso Lili Pink.

En los documentos de esa sociedad, revelados por el ente acusador, figura Jonnatan Villamil Soler como “socio fundador”. Pero la fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, afirmó que esa misma persona trabajaba como “conductor” dentro de la empresa matriz y que aparecía como único socio con un capital suscrito y pagado de $10 millones.

“Realmente ostenta el cargo de conductor al interior de la empresa, como único socio con un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos”, dijo Gómez Freidel.

La fiscal sostuvo que se crearon “empresas de papel” en Panamá y Nicaragua para simular legalidad en las operaciones de importación de textiles. Uno de los casos que expuso fue el de Pink Life S.A.S., constituida el 26 de octubre de 2015.

Para la funcionaria, ese tipo de constituciones societarias hace parte del mecanismo con el que la red habría encubierto a los verdaderos responsables de las operaciones.

La Fiscalía agregó que después de esa constitución se hicieron nombramientos en los cargos de representante legal y suplente con personas que, según su exposición, ocupaban “cargos menores” en la empresa.

En varios documentos, además, aparecen los mismos nombres repetidos en distintas funciones y, en algunos casos, integrando un mismo núcleo familiar.

Ese patrón, según la Fiscalía General de la Nación, respondía a un modus operandi para sostener lo que la delegada llamó una “empresa criminal”. La acusación sostiene que las sociedades eran creadas en tiempos muy cortos, con bajo presupuesto, y luego usadas para falsificar documentos de importación y exportación de ropa interior femenina y accesorios.

La fiscal también indicó que se hacían cambios de dirección de las supuestas sedes, cesiones de acciones, modificaciones de juntas directivas y aumentos de capital. Según la acusación, esos movimientos buscaban no despertar alertas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Dian.

Con esos elementos, el ente investigador sostuvo que la estructura no solo facilitó el ingreso irregular de mercancía al país, sino que además construyó una fachada documental y societaria para respaldar operaciones que ahora presenta como parte de un presunto lavado de activos.

Este esquema habría permitido el ingreso de mercancías por $783 mil millones, una cifra que la Fiscalía presenta como la base económica del presunto lavado de activos. En la misma línea, la fiscalía describió una red de sociedades creadas en Panamá y Nicaragua para respaldar documentalmente la importación de ropa femenina y accesorios.

Los procesados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

De acuerdo con la participación que les atribuye el ente investigador, los delitos imputados son concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Fiscalía vinculó a empresa de preservativos Unique International con la segunda fase del caso Lili Pink

La Fiscalía General de Colombia vinculó a Unique International S. A. S., una sociedad cuyo objeto social era la fabricación de preservativos masculinos, con la segunda fase de las imputaciones por el caso Lili Pink, al sostener que hizo parte de una red de “empresas de papel” usada para dar apariencia de legalidad a operaciones de importación y exportación de ropa interior femenina y accesorios y para lavar activos durante más de una década.

Según la Fiscalía General, una de las particularidades expuestas durante la extensa audiencia fue la aparición de una empresa con una razón social ajena al negocio textil que, aun así, habría sido incorporada a la estructura societaria señalada en la investigación que se conoció en abril.

La fiscal Alejandra Gómez Freidel explicó que Unique International S. A. S. no tenía como objeto social la comercialización de prendas de vestir o de juguetería, sino la fabricación de preservativos masculinos. Aun así, sostuvo que la compañía “sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”.

La funcionaria añadió que esa sociedad compartía dirección con otra de las empresas que, al menos en los documentos, aparecía a cargo de operaciones mercantiles. Ese cruce de domicilios se convirtió en uno de los elementos que la investigación presentó para sostener el vínculo entre las sociedades.

Gómez Freidel señaló que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, realizó una prevención de mercancía después de hallar productos a nombre de esa compañía sin que se hubiera podido establecer el vínculo comercial entre las sociedades involucradas. Para la Fiscalía, ese hallazgo muestra que la firma hacía parte del grupo de empresas utilizadas por la organización.

De acuerdo con los documentos de la Dian y con los informes técnicos de los investigadores, la red habría intentado construir una narrativa de exportaciones millonarias de ropa comercial desde China, Panamá y Nicaragua.

La tesis del ente acusador es que esas operaciones buscaban dar soporte documental a movimientos que no correspondían con la capacidad real de las empresas.

La imputación sostiene que las supuestas sociedades no contaban con la capacidad financiera ni operativa para desarrollar ese volumen de actividad comercial.

Ese punto es uno de los soportes centrales de la acusación sobre el uso de firmas sin estructura real para encubrir operaciones de comercio exterior.