Lili Pink anunció cambios en su defensa tras la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia: negó que los dueños huyeran por la investigación

Lili Pink anunció este jueves 16 de julio de 2026 un cambio en su equipo de defensa jurídica, pocas horas antes de la audiencia de imputación de cargos programada dentro del proceso que enfrenta la compañía. La decisión se produjo luego de que el abogado penalista Iván Cancino dejara la representación de la empresa y de sus directivos tras su reciente designación como ministro de Justicia en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la empresa explicó que Cancino concluyó su gestión exclusivamente como consecuencia de su nombramiento en el Gobierno nacional.

A partir de ahora, la defensa técnica quedará en manos de los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes asumirán la representación de la compañía en las actuaciones judiciales que continúan en curso.

El pronunciamiento también buscó responder a versiones que han circulado en distintos medios de comunicación sobre la situación de los empresarios David Abadi y Max Abadi, propietarios de Fast Moda, empresa operadora de la marca Lili Pink.

Según la compañía, ambos residen fuera de Colombia desde antes del inicio de la investigación, por lo que rechazó las afirmaciones según las cuales habrían abandonado el país para evadir el proceso judicial.

“Lili Pink precisa que David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”, señaló la empresa en el comunicado.

Además, sostuvo que los dos empresarios han atendido oportunamente los requerimientos formulados por las autoridades competentes y que seguirán compareciendo conforme a las disposiciones legales. La compañía aseguró que mantienen su disposición de colaborar con la administración de justicia durante el desarrollo del proceso.

En el mismo documento, Lili Pink afirmó que la operación comercial continúa desarrollándose con normalidad, pese a la investigación que adelantan las autoridades y a la intervención estatal sobre Fast Moda.

La empresa indicó que mantiene su compromiso de preservar la estabilidad de sus trabajadores y de las relaciones con proveedores, clientes y demás grupos de interés vinculados a la organización.

Asimismo, reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las decisiones de las autoridades judiciales. En ese contexto, hizo un llamado para que el caso avance bajo las garantías constitucionales.

“La compañía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las decisiones de las autoridades competentes”, indicó el comunicado, al tiempo que pidió que el proceso se desarrolle bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Fast Moda completa dos meses bajo administración temporal

El cambio de defensa ocurre mientras Fast Moda cumple cerca de dos meses bajo administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que asumió el control de la empresa en mayo como parte de las medidas adoptadas dentro de la investigación.

El pasado 9 de julio, la administración designada por la SAE informó que durante las primeras semanas de intervención la prioridad fue estabilizar la operación de la compañía y proteger los puestos de trabajo.

Hernán Sebastián Ulchur, representante legal nombrado por la entidad, aseguró entonces que se habían restablecido las pasarelas de pago electrónico y normalizado las opciones de financiación con Sistecrédito, Addi y Credipink.

También informó que fueron regularizados los procesos de importación de mercancías, la coordinación con proveedores, la logística de transporte y el abastecimiento de los centros de distribución, con el fin de garantizar el funcionamiento de las tiendas.

Según ese balance, las ventas registraron un crecimiento cercano al 30 % durante los primeros días de la administración temporal, resultado que la SAE atribuyó a la recuperación gradual de la operación comercial.

Fiscalía investiga presunta red de contrabando y lavado

Mientras avanza la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la Nación continúa investigando una presunta estructura empresarial que, de acuerdo con información publicada por El Tiempo, habría sido utilizada para lavar cerca de 763.000 millones de pesos mediante compañías fachada.

La publicación señala que dentro del expediente existen nueve órdenes de captura y que las autoridades siguen la pista de empresarios y representantes de varias sociedades presuntamente utilizadas para ocultar el origen de los recursos.

Entre ellos aparece el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández, radicado en Panamá, quien figura como representante legal de varias compañías vinculadas a una holding que, según la investigación, habría servido para mover dinero de origen ilícito.

El caso también involucra a Unique International SAS (Uniq), empresa creada inicialmente por Jonnatan Villamil Soler, identificado por las autoridades como conductor de David Abadi y Max Abadi. Los investigadores analizan varios cambios societarios realizados en esa compañía como posibles maniobras para dificultar el seguimiento de los recursos.