La Red de Ciudades Cómo Vamos, junto con organizaciones académicas, centros de pensamiento y expertos que integran la Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia, dirigió una carta abierta al Congreso de la República en la que presentó una agenda legislativa para el periodo 2026-2030 enfocada en cuatro reformas estructurales relacionadas con la seguridad y la justicia.
El documento fue dirigido a senadores y representantes a la Cámara que iniciarán un nuevo periodo constitucional el 20 de julio de 2026.
La propuesta parte de cifras de la Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada 2025 de la Red de Ciudades Cómo Vamos, según las cuales el 47% de los colombianos afirma sentirse inseguro y únicamente cuatro de cada diez víctimas de un delito presentan una denuncia. Con base en esos indicadores, las organizaciones señalaron que recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y garantizar respuestas eficaces frente al crimen constituyen prioridades nacionales que requieren decisiones legislativas de largo plazo.
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Un llamado para que la seguridad trascienda la coyuntura política
En la comunicación, las organizaciones, junto con varios expertos, hicieron un llamado al Congreso para impulsar una agenda que trascienda los periodos de gobierno.
“Hacemos un llamado de urgencia al nuevo Congreso de la República para que la seguridad y la justicia dejen de ser asuntos definidos por la coyuntura política y se conviertan, finalmente, en una verdadera política de Estado”, señala la carta.
Con ese propósito, el documento presenta una hoja de ruta compuesta por cuatro reformas que, según los firmantes, buscan fortalecer las capacidades permanentes del Estado para prevenir el delito, enfrentar el crimen organizado, mejorar el funcionamiento de la justicia y reducir las brechas territoriales en materia de seguridad.
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La primera propuesta está orientada a crear un sistema de financiación estable para la seguridad ciudadana. El documento explica que actualmente buena parte de los recursos con los que cuentan municipios y departamentos depende del recaudo correspondiente al 5% sobre los contratos de obra pública, una fuente de ingresos que puede variar hasta en un 40% entre un año y otro, lo que dificulta la planeación de políticas de largo plazo.
Frente a esa situación, la iniciativa propone establecer un modelo multinivel de financiación, con fuentes tributarias estables y predecibles, distribución de recursos de acuerdo con las necesidades de cada territorio y mecanismos de participación ciudadana en las decisiones de inversión, con el propósito de que la prevención del delito y el fortalecimiento institucional no dependan del comportamiento de la contratación pública.
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Inteligencia, sistema penitenciario y fortalecimiento judicial
La segunda reforma plantea actualizar la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Según la carta, la legislación vigente requiere ajustes para responder a fenómenos como la criminalidad organizada transnacional, las economías ilícitas, las nuevas tecnologías de vigilancia digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial.
En ese sentido, los firmantes proponen fortalecer los mecanismos de control por parte del Congreso y de la sociedad civil, además de reforzar la inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y otras economías ilegales.
El documento también plantea que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) adelante las acciones necesarias para recuperar su membresía en el Grupo Egmont, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
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La tercera reforma está enfocada en el sistema penitenciario y la política criminal. La carta indica que Colombia enfrenta un hacinamiento cercano al 29% y recuerda que persiste un Estado de Cosas Inconstitucional declarado desde 1998 en materia carcelaria.
“Es indispensable una intervención integral en los tres momentos del sistema: el ingreso, mediante la revisión periódica de las medidas de detención preventiva; la permanencia, a través de alternativas a la privación de la libertad para delitos de menor lesividad; y la salida, fortaleciendo el acompañamiento y la reintegración de las personas liberadas”, señala el documento.
Los firmantes agregan que cerca del 75% de las personas que salen del sistema penitenciario no reciben acompañamiento para su proceso de reintegración. Además, consideran necesaria la adopción de un marco normativo que redefina las capacidades penitenciarias y carcelarias tanto a nivel nacional como territorial, así como la participación activa del Congreso en la construcción del próximo Plan Nacional de Política Criminal.
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Una justicia con capacidades diferenciadas
La cuarta propuesta está dirigida al fortalecimiento del sistema judicial. La agenda plantea que la capacidad investigativa y penal del Estado se concentre en los delitos de mayor impacto y en las estructuras criminales responsables de generar violencia, apropiarse de rentas ilícitas y afectar las instituciones democráticas.
Para ello, el documento propone consolidar un enfoque diferenciado que permita resolver los conflictos cotidianos mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, mientras que fenómenos como las violencias basadas en género y el crimen organizado cuenten con capacidades especializadas.
La propuesta incluye la creación o fortalecimiento de tribunales especializados, equipos de investigación con mayores capacidades técnicas y esquemas de protección dirigidos a víctimas y testigos.
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En el cierre de la carta, las organizaciones firmantes manifestaron su disposición para acompañar el trámite de estas iniciativas mediante evidencia técnica y espacios de diálogo con el Congreso: “Convencidos de que Colombia exige acciones urgentes y estructurales para fortalecer la seguridad y garantizar el acceso efectivo a la justicia, desde la Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia ponemos a disposición del Congreso de la República evidencia, conocimiento técnico y espacios de diálogo para contribuir a que esta Agenda 2026-2030 se convierta en una prioridad legislativa”.
Y concluyeron: "El diagnóstico está hecho y las reformas están sobre la mesa: convertirlas en decisiones de Estado que fortalezcan las instituciones y respondan al principal clamor de la ciudadanía está, desde el 20 de julio, en manos de ustedes”, concluye la comunicación.
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