Representante electa ‘Lalis’ reaccionó contra la institucionalidad por feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: “La venían acosando hace meses”

Hay consternación en Colombia por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya, investigado por la Fiscalía General de la Nación como un feminicidio, el cual fue presuntamente perpetrado por un sujeto identificado como Óscar Giovanny Marulanda. De acuerdo con el ente acusador, la víctima fue acosada de manera sistemática por el señalado feminicida, hasta que, el 12 de julio de 2026, la buscó en su lugar de trabajo –un Homecenter de Soacha, Cundinamarca– y la atacó con un arma blanca en repetidas oportunidades.

“El hombre habría ingresado al establecimiento de comercio donde ella cumplía su jornada y atacado con un cuchillo, causándole cuatro heridas. Aunque fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía Nacional, murió por la gravedad de las lesiones. El señalado agresor fue capturado en flagrancia”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El caso de Rosa Mayerly Olaya se suma a muchos otros que han enlutado al país, en donde persisten las violencias basadas en género y el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. La representante a la Cámara electa Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que hizo una crítica a la institucionalidad por la falta de garantías de seguridad para las mujeres.

De acuerdo con la congresista electa, todavía no hay protocolos claros y efectivos que verdaderamente sirvan para proteger a las mujeres que son víctimas de acoso y hostigamiento y cuya integridad y vida están en riesgo.

“Las instituciones no le pueden seguir dando la espalda a las mujeres. No puede ser que sigamos expuestas a hechos de violencia que nos cuestan la vida y la tranquilidad y que nadie haga nada para evitarlo. A Rosa Mayerly Olaya la venían acosando hace meses, es inaceptable que no existan protocolos y rutas adecuadas para proteger a las mujeres”, expresó Beltrán en la red social.

Recordó que, según la información recaudada por la Fiscalía y los testimonios de los allegados de la víctima, las autoridades tenían pleno conocimiento del acoso que estaba sufriendo. De hecho, el comunicado del ente acusador reporta que en dos oportunidades fue necesario que la Policía Nacional trasladara a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su casa, con el fin de evitar que fuera hostigada por el sujeto procesado.

En consecuencia, la representante electa rechazó el asesinato de la ciudadana y recalcó la importancia de reconocer la riesgosa realidad que enfrentan las mujeres por la persistencia de las violencias basadas en género.

“Una vez más la policía conoce con anterioridad las alertas y no pasó nada. Lamento profundamente el feminicidio de una mujer trabajadora y madre de familia. No podemos seguir siendo indiferentes, cuando la violencia machista le cuesta la vida a las mujeres. ¡Ni una más!”, escribió.

Detalles del caso: acoso sistemático

La Fiscalía informó que, de acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, Óscar Giovanny Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 en el almacén donde ella trabajaba. El hombre aseguró a la mujer tener un interés sentimental y ella fue clara en indicar que no quería tener una relación amorosa con él.

Aunque la ciudadana recalcó que no estaba interesada en ser pareja de Marulanda, presuntamente, el sujeto ignoró su respuesta y empezó a acosarla. La situación de asedio se extendió por varios meses y se tornó insoportable para la víctima. Según el ente acusador, el hostigamiento era tal que el 10 de mayo y el 5 de junio, el hombre llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly y a la de su excompañero sentimental, con el fin de intimidarla.

“Se obsesionó con ella, la perseguía, la acosaba, la seguía donde ella estuviera (...). Ella tiene un niño de 11 años; perseguía al niño. Ella mantenía con miedo. Ella puso la denuncia”, relató una familiar de la víctima, en diálogo con El Tiempo.

Siete días después, la buscó en su sitio de trabajo y la asesinó. En consecuencia, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó cargos en contra del procesado por el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó. Además, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al sujeto, para que asuma el proceso penal en privación de la libertad, hasta que se defina su situación jurídica.