Corte Constitucional ordenó al concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez ofrecer disculpas públicas por intentar borrar el mural “Las cuchas tienen razón”

La Corte Constitucional protegió el mural “Las cuchas tienen razón”, ubicado en Manizales, al determinar que se trata de una expresión artística relacionada con la memoria histórica, la verdad y la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado.

En la Sentencia T-202 de 2026, la Sala Tercera de Revisión negó una tutela que buscaba eliminar la obra y, en otra acción constitucional, amparó los derechos de organizaciones de víctimas que denunciaron la intervención realizada por el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta sobre el mural.

La decisión también impone medidas concretas al cabildante, así como a la alcaldía y a la Policía Metropolitana de Manizales, que deberán adoptar un protocolo para prevenir el borrado o sabotaje de la obra.

El arte como mecanismo de memoria y reconstrucción democrática

En su análisis de las tutelas, la Corte recordó que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad impulsó múltiples iniciativas culturales y artísticas para fortalecer los procesos de verdad y reconciliación, resaltando que manifestaciones como el muralismo permiten a las víctimas narrar sus experiencias, resignificar el dolor y participar en la construcción de memoria colectiva.

La sentencia señala que “las prácticas artísticas no cumplen una función meramente estética o expresiva, sino que operan como dispositivos de reconstrucción democrática”, al constituir un lenguaje alternativo para visibilizar hechos históricamente silenciados y ampliar el debate público sobre la memoria del conflicto armado.

El alto tribunal también enfatizó que las intervenciones artísticas en el espacio público “cumplen una función pedagógica y deliberativa”, porque promueven conversaciones sobre el pasado violento del país y favorecen la apropiación colectiva de los procesos de verdad y reconciliación.

Al estudiar el caso específico, la Sala destacó que el mural reconoce la labor de las mujeres buscadoras mediante la consigna “Las cuchas tienen razón” y la representación de sus rostros. Recordó además que la Ley 2364 de 2024 reconoce y protege integralmente la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, quienes cuentan con un estándar reforzado de protección constitucional por su papel en la preservación de la memoria y el derecho a la verdad.

En ese sentido, la Corte sostuvo que cualquier actuación que desconozca, trivialice o estigmatice esa labor debe analizarse bajo los principios de dignidad humana, no revictimización y acción sin daño.

Las órdenes impartidas por la Corte

Como consecuencia de esas conclusiones, la Corte Constitucional ordenó al concejal Andrés “Gury” Rodríguez publicar una disculpa pública en sus redes sociales, reconociendo el carácter legítimo del mural y de la frase “Las cuchas tienen razón” como manifestación protegida por la libertad de expresión y la memoria histórica de las víctimas.

Igualmente, le prohibió promover o ejecutar acciones dirigidas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto armado y las madres buscadoras, así como difundir mensajes que puedan estigmatizarlas o revictimizarlas.

La sentencia también ordena a la Alcaldía de Manizales y a la Policía Metropolitana diseñar e implementar un protocolo de reacción inmediata para prevenir nuevas intervenciones contra el mural durante seis meses. De igual manera, la Defensoría del Pueblo Regional Caldas y la Personería Municipal de Manizales deberán desarrollar campañas pedagógicas sobre la importancia de preservar expresiones artísticas relacionadas con la memoria histórica, los derechos humanos y la labor de las madres buscadoras.

Finalmente, la Corte exhortó a todos los servidores públicos, especialmente a quienes ejercen cargos de elección popular, a participar activamente en la protección de las expresiones artísticas vinculadas a procesos de memoria histórica y reparación simbólica, reafirmando que estas manifestaciones cuentan con protección constitucional reforzada al estar estrechamente relacionadas con los derechos de las víctimas del conflicto armado y con la construcción de verdad y memoria en Colombia.