Fiscalía allanó y selló centro estético en Puente Aranda tras la muerte de Adriana Manotas

Un centro estético que operaba como clínica en la localidad de Puente Aranda fue sellado tras un allanamiento realizado por la Fiscalía General de la Nación, luego de la muerte de Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, que falleció el 10 de julio tras llegar en estado crítico a un centro médico de la Cruz Roja.

La intervención por parte de las autoridades competentes, reveló que en el establecimiento se practicaban procedimientos quirúrgicos e invasivos sin cumplir la normatividad vigente, poniendo en riesgo la vida y la salud de los usuarios.

Durante el operativo, en el que participaron la Fiscalía, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Salud, se incautaron medicamentos, vendas, medias, pañales, camillas, una máquina láser y residuos biológicos, elementos que evidencian la realización de intervenciones quirúrgicas en condiciones irregulares.

El establecimiento, registrado en la Cámara de Comercio como salón de belleza, no contaba con habilitación para prestar servicios de salud, ni con los permisos requeridos por la ley para realizar procedimientos estéticos.

La inspección del 10 de julio también permitió confirmar que el lugar destinaba habitaciones para “posoperatorios”, en abierta contravención de las normas sanitarias. Según la Secretaría de Salud, el centro ya había sido objeto de dos medidas sanitarias preventivas en noviembre de 2025, una dirigida al establecimiento y otra al profesional médico, por carecer de habilitación y no cumplir con los requisitos mínimos para operar legalmente. Sin embargo, las restricciones no fueron acatadas y el sitio continuaba ofreciendo servicios peligrosos.

Clausura, decomiso y acciones legales tras la muerte de la paciente

Como consecuencia de la reincidencia y del fallecimiento de la paciente, la Secretaría Distrital de Salud impuso la clausura temporal total del establecimiento y ordenó el decomiso de 108 materiales y objetos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. El objetivo de la medida es proteger la salud pública y evitar que estos elementos se utilicen en futuras intervenciones clandestinas.

El material probatorio fue incautado para la investigación penal que adelanta la Fiscalía, que busca esclarecer posibles delitos como lesiones personales, falsedad documental, ejercicio ilegal de actividades relacionadas con la salud y, eventualmente, homicidio. La entidad recordó que, en Colombia, solo los establecimientos y profesionales debidamente habilitados pueden ofrecer servicios de salud y procedimientos estéticos, y que la vulneración de estas normas puede derivar en sanciones judiciales y administrativas severas.

Vigilancia y control: cifras y operativos en toda la ciudad

La Secretaría Distrital de Salud informó que, desde 2025, ha realizado 1.296 visitas de control, 590 operativos y aplicado 155 medidas sanitarias a establecimientos que incumplen la normatividad en Bogotá. Solo en 2026, se han adelantado 104 visitas por quejas y 34 nuevas medidas de seguridad.

El 9 de julio de 2026, en una jornada conjunta con el CTI, la Policía Judicial, Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, se llevaron a cabo operativos en varias zonas, resultando en la suspensión de servicios y decomiso de medicamentos y dispositivos médicos que representaban riesgos para la ciudadanía.

La autoridad sanitaria subrayó que las acciones de inspección, vigilancia y control son permanentes y que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar y cerrar establecimientos ilegales. Para ello, se dispone de la línea telefónica 601 364 9550, opción 1, habilitada las 24 horas, y de los canales del Invima y la Superintendencia Nacional de Salud para reportar irregularidades relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos o la prestación de servicios de salud.

La Secretaría de Salud recordó que ningún procedimiento estético debe realizarse en lugares no habilitados o que carezcan de protocolos de bioseguridad y equipos certificados. La ciudadanía puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación si se identifican posibles delitos, y ante las entidades de control si se detecta la oferta de servicios médicos o estéticos sin los permisos correspondientes.