La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. tras dos audiencias realizadas el 3 y 10 de julio de 2026, con lo que cerró la etapa de aprobación dentro del proceso de insolvencia abierto para preservar la operación de una empresa clave en la cadena de suministro agrícola del país.
El dato que selló la decisión fue el respaldo de 99,569% de los votos emitidos por los acreedores, una mayoría que, según la autoridad, superó ampliamente el umbral exigido por la ley y mostró un consenso casi total en torno al plan de recuperación.
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El proceso había comenzado de oficio en marzo de 2025, cuando el organismo técnico concluyó que la situación financiera de la compañía exigía una intervención para mantenerla como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Después se surtieron las etapas previstas en la Ley 1116 de 2006, incluida la aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, antes de llegar a la negociación final con los acreedores.
Monómeros opera en el sector industrial y petroquímico y se dedica a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios. La Superintendencia de Sociedades remarcó que su actividad tiene carácter estratégico por su peso en la cadena de abastecimiento del sector agrícola.
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El acuerdo quedó respaldado por una votación casi unánime
La decisión confirmada por la autoridad societaria implica que el pasivo reorganizable será atendido bajo un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos. Ese punto era central dentro del expediente, porque ordena el pago de las obligaciones dentro del marco previsto por la ley concursal.
La superintendente de Sociedades (e) Nini Johanna Castañeda Quintero se refirió al alcance de la resolución cuando explicó que “la confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad”.
Castañeda Quintero agregó que “este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial”. La funcionaria vinculó así la aprobación del convenio con tres efectos directos: continuidad empresarial, pago organizado a los acreedores y respaldo al sistema institucional de insolvencia.
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La viabilidad futura quedó atada a disciplina financiera y control de acreedores
La estructura aprobada no se limita a reprogramar deudas. Según informó la Superintendencia de Sociedades, el acuerdo se apoya en un plan de negocios y en proyecciones de flujo de caja que buscan garantizar la viabilidad financiera y operacional de la compañía.
Ese diseño incluye restricciones a la distribución de utilidades y un seguimiento permanente a través de un Comité de Acreedores. La combinación de esas dos herramientas introduce controles sobre el uso de recursos y sobre la ejecución del plan durante la etapa de cumplimiento.
Nini Johanna Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades (e), dijo que la entidad mantendrá la vigilancia sobre esa fase de ejecución. “Desde la Superintendencia de Sociedades continuaremos verificando el cumplimiento del acuerdo, asegurando que su ejecución se desarrolle bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad, en beneficio de todos los intervinientes y del tejido empresarial del país”.
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La Superintendencia justificó la decisión por empleo, operación y protección del crédito
La Superintendencia de Sociedades sostuvo que la confirmación del acuerdo busca preservar a Monómeros como fuente generadora de empleo, asegurar la continuidad de su operación en un sector que calificó como estratégico para el país y proteger el crédito. Ese triple objetivo fue presentado dentro de los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo que orientan el régimen de insolvencia.
La resolución también deja fijado el sentido institucional que la Superintendencia quiso darle al caso: una reorganización iniciada de oficio, aplicada a una compañía con peso en fertilizantes e insumos agropecuarios, y cerrada con una adhesión de 99,569% entre los acreedores.
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