Gobierno de Gustavo Petro ofrecerá excusas públicas a Hollman Morris por persecución y hostigamientos: cuál es la razón

El gobierno del presidente Gustavo Petro realizará este 15 de julio un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad internacional en favor del periodista Hollman Morris y su familia, como parte de un acuerdo alcanzado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por las denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas, estigmatización y vigilancia ilegal que habrían sufrido entre 2004 y 2009.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la ceremonia tendrá lugar en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, en Bogotá, y será encabezada por el mandatario. El reconocimiento también cobija a Patricia Casas, Daniela Morris Casas y Felipe Morris Casas, quienes fueron incluidos dentro del caso por las afectaciones derivadas de los hechos denunciados.

El acto hace parte del expediente 13.014 que cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y se enmarca en un Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado colombiano y el periodista antes de que el proceso avanzara hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escenario en el que Colombia podía enfrentar una eventual condena internacional.

La representación del caso comenzó en 2009, cuando el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo asumió la defensa de Morris. Durante el trámite se solicitaron medidas cautelares ante la Cidh y se impulsaron diferentes actuaciones judiciales en Colombia relacionadas con las presuntas actividades de seguimiento ilegal realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Los hechos que dieron origen al expediente se remontan a 2004. Según la documentación presentada ante el sistema interamericano, Patricia Casas recibió llamadas amenazantes entre abril y mayo de ese año.

Posteriormente, Morris fue retenido por integrantes de la fuerza pública mientras desarrollaba una actividad periodística cerca del río Putumayo. La detención se prolongó durante varias horas y el material periodístico que había recopilado fue confiscado.

La denuncia también recoge otros episodios ocurridos en los años siguientes. En mayo de 2005, el periodista recibió en su vivienda un ramo de flores fúnebres acompañado de un mensaje de condolencias dirigido a la familia Morris.

De acuerdo con el expediente, ese hecho ocurrió después de que el programa Contravía emitiera investigaciones relacionadas con las negociaciones entre el Gobierno y grupos paramilitares, así como sobre la participación de integrantes de la Fuerza Pública en la masacre de San José de Apartadó, en Antioquia.

Tras ese episodio, la familia decidió salir temporalmente del país durante aproximadamente un mes. Según la denuncia, durante ese periodo Morris también fue señalado públicamente como terrorista y vinculado con las extintas Farc, situación que, de acuerdo con sus representantes, afectó su seguridad y el ejercicio de su labor periodística.

Otro de los hechos incluidos en el expediente ocurrió en septiembre de 2007, cuando el periodista recibió un correo electrónico atribuido a un grupo paramilitar autodenominado Frente Patriótico. En el mensaje se hacía referencia a un ataúd como amenaza contra su vida.

La Comisión Interamericana admitió el caso en 2015 al considerar que existían elementos suficientes para estudiar las denuncias sobre amenazas, persecución y presuntas violaciones a la libertad de expresión. Entre los aspectos analizados también estuvo el estado de las investigaciones penales en Colombia, que permanecían en etapa preliminar pese a haber sido reabiertas años atrás.

En paralelo al trámite internacional, el caso tuvo actuaciones ante la justicia colombiana. Una de ellas estuvo relacionada con el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, investigado por las actividades de inteligencia ilegal desarrolladas por esa entidad.

Ese mismo año, Morris presentó una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ella sostuvo que los cuestionamientos dirigidos en su contra y contra Canal Capital hacían parte de una campaña de persecución más amplia. Entre los argumentos expuestos figuraban declaraciones en las que el entonces senador calificó al canal como un medio “servil del terrorismo”, afirmación que, según el periodista, afectó su buen nombre y fortaleció un ambiente de estigmatización.

Como parte del proceso también se planteó que los ataques contra Canal Capital durante la administración de Morris no correspondían a hechos aislados, sino que guardaban relación con las denuncias sobre seguimientos ilegales y acciones de desprestigio atribuidas al DAS.

El acto previsto para este miércoles constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Estado colombiano dentro del Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con el periodista. Además del reconocimiento público, el entendimiento contempla otras medidas de carácter reservado entre las partes.