Informe alerta por el avance del crimen organizado en la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú

La frontera amazónica que comparten Colombia, Ecuador y Perú atraviesa un momento de alta tensión. Un informe elaborado por organizaciones especializadas advierte que el avance de las economías ilegales, junto con una creciente militarización, está transformando el panorama de seguridad en una de las zonas más sensibles de la región.

La investigación, desarrollada por Amazon Underworld, Amazon Watch y Al Margen, alerta que la combinación entre crimen organizado, disputas territoriales y nuevas estrategias militares podría agravar el conflicto armado, aumentar las tensiones entre los tres países y profundizar la crisis humanitaria en la Amazonía. Según el documento, la presencia de organizaciones criminales creció, mientras los gobiernos priorizan respuestas militares con mayor apoyo de Estados Unidos. Para los autores, este escenario plantea nuevos desafíos para las comunidades que viven en la triple frontera.

El informe titulado “Triple amenaza: Geopolítica, economías ilícitas y los riesgos de la guerra contra el narcoterrorismo en la triple frontera Colombia-Ecuador-Perú”, expone que la región vive una transformación impulsada por la expansión de las economías ilícitas y un nuevo contexto geopolítico. Uno de los episodios que refleja esa situación ocurrió en marzo de este año, cuando tropas ecuatorianas realizaron un operativo en la provincia de Sucumbíos con apoyo de Estados Unidos. Las autoridades aseguraron que la intervención buscaba atacar una estructura del narcoterrorismo.

No obstante, el propietario del terreno donde se desarrolló la operación rechazó esa versión al afirmar: “¿Cómo va a ser un campamento de entrenamiento si aquí es una zona ganadera?”. Posteriormente, una investigación de The New York Times respaldó esa declaración, recuerda el informe. Pocos días después, el hallazgo de una bomba de 500 libras sin detonar en territorio colombiano, cerca de Jardines de Sucumbíos, provocó un nuevo choque diplomático entre Bogotá y Quito. Mientras el presidente Gustavo Petro responsabilizó a Ecuador, Daniel Noboa negó cualquier incursión fuera de su territorio. Una investigación conjunta concluyó que el artefacto pertenecía al bombardeo efectuado durante el operativo militar.

Para los investigadores, estos hechos evidencian una tendencia más amplia: el fortalecimiento de la estrategia estadounidense Escudo de las Américas, creada para combatir organizaciones criminales transnacionales bajo un enfoque de “guerra contra organizaciones terroristas extranjeras”.

El estudio advierte que esa política podría intensificarse si Colombia y Perú eligen gobiernos alineados con la estrategia de seguridad impulsada por Noboa. Sin embargo, también sostiene que la respuesta militar, por sí sola, no logró contener el avance del crimen organizado y generó denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. En Ecuador, incluso, menciona reportes sobre torturas y desapariciones forzadas durante operaciones desarrolladas en el conflicto armado interno.

Otro de los hallazgos del informe apunta al cambio en las principales fuentes de financiación de las estructuras ilegales. Aunque el narcotráfico continúa siendo una actividad clave, la minería ilegal de oro gana cada vez más protagonismo. Un líder comunitario citado en la investigación resume esa transformación con una frase contundente: “Lo fuerte ahora es la minería ilegal, porque incluso en Colombia ya no se habla mucho de la coca, ya que no la están comprando, no hay comercialización”.

Según el documento, ambas economías ilegales funcionan de manera complementaria. Los recursos del narcotráfico financian explotaciones mineras, mientras que el comercio del oro facilita el lavado de dinero y fortalece las finanzas de las organizaciones criminales. El informe también señala que los Comandos de la Frontera (CDF) han ampliado su presencia a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, extendiendo su influencia desde Colombia hacia Ecuador, Perú e incluso Brasil.

Aunque durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y ese grupo disminuyeron los homicidios y los desplazamientos en Putumayo, los autores aclaran que esa reducción de la violencia no significa que el Estado haya recuperado el control del territorio. Por el contrario, advierten que las organizaciones criminales siguen consolidando su poder en la Amazonía y mantienen una fuerte capacidad para controlar las economías ilegales de la región.