Gobierno Petro emitió resolución que incorpora el enfoque de género en los planes de estudio de los colegios

Con la expedición de la Resolución 1350, Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, por parte del Gobierno nacional, las instituciones educativas, desde preescolar hasta media, deberán rediseñar sus contenidos y estrategias pedagógicas para incorporar la sexualidad como un ámbito de derechos y de ciudadanía.

La normativa exige a los colegios, tanto oficiales como privados, incluir de manera transversal y obligatoria los lineamientos de la política en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas. Esta directriz implica que la educación sexual será un componente obligatorio y articulado en toda la vida escolar, no una materia aislada ni una serie de talleres esporádicos.

La nueva política destaca la necesidad de una mirada integral: el enfoque de derechos humanos, de género, étnico-cultural, discapacidad e interseccionalidad debe permear cada propuesta educativa.

De esta forma, los contenidos tendrán que adaptarse a las realidades de estudiantes indígenas, afrocolombianos, población Rrom, personas con discapacidad, jóvenes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, migrantes y víctimas del conflicto armado.

El Ministerio de Educación asume el compromiso de definir y actualizar los lineamientos técnicos y pedagógicos, garantizando que la educación sexual no solo se imparta, sino que también respete la autonomía y diversidad de los estudiantes. Además, se establece una obligación de participación activa de la comunidad educativa en la construcción y revisión de estos contenidos, lo que incluye a estudiantes, familias, docentes y directivos.

La resolución aclara que la política no se limita a la transmisión de información sobre anatomía o prevención de enfermedades, sino que busca formar capacidades para la toma de decisiones autónomas y responsables sobre el propio cuerpo y la vida sexual y reproductiva. Así, se prioriza el desarrollo de habilidades para identificar y prevenir situaciones de violencia, discriminación o coerción, así como la promoción del respeto a la diferencia y la equidad de género.

Implicaciones para colegios y docentes

La implementación de esta política transforma el rol del profesorado. Los docentes deberán recibir capacitación específica y continua para abordar la sexualidad desde una perspectiva científica, ética y libre de prejuicios. La formación docente también deberá incluir herramientas para reconocer y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación o violencia que puedan afectar a los estudiantes.

De acuerdo con la resolución, los colegios estarán obligados a adoptar mecanismos de seguimiento y evaluación interna sobre la inclusión efectiva de la educación sexual en su propuesta institucional. Estos controles deben ser periódicos y permitir la participación de la comunidad educativa en el ajuste de los contenidos y métodos.

La resolución prioriza la confidencialidad y el respeto por la privacidad de los estudiantes. Las instituciones deberán garantizar espacios seguros y confidenciales para que los jóvenes puedan expresar inquietudes o buscar orientación, sin temor a represalias o discriminación.

Lineamientos y contenido curricular

El documento oficial establece que la educación sexual debe contemplar no solo la prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual, sino también el reconocimiento del placer, la afectividad, la diversidad y la autonomía personal. Los contenidos deben estar respaldados en evidencia científica y ajustarse al desarrollo evolutivo de cada grupo de edad.

En este sentido, la política exige que los colegios incluyan en sus planes de estudio temas como identidad y orientación sexual, derechos reproductivos, relaciones afectivas sanas, consentimiento, prevención de violencias y discriminación, y acceso a servicios de salud. Estos temas, lejos de ser optativos o marginales, deberán constituir parte central de la formación ciudadana.

Seguimiento, participación y retos de implementación

Para verificar el cumplimiento de la política, el Ministerio de Educación y las autoridades territoriales deberán desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste periódicos. Estos procesos incluirán indicadores claros, recursos asignados y la participación activa de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales.

La resolución exige que la política educativa se mantenga vigente tanto en situaciones ordinarias como en contextos de emergencia, desastre o crisis humanitaria, asegurando la continuidad de los servicios y contenidos en todo momento.