Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo

El Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y dejó abierta la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano Callejas, fallecido ingeniero civil colombiano, reconocido como el testigo e informante clave del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

La decisión se conoció este 14 de julio de 2026 y confirmó el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Funza del 8 de marzo de 2024, en la que también negó el cierre de la investigación.

El tribunal negó cerrar el caso porque consideró que no está demostrado, con el estándar probatorio exigido, que Jorge Enrique Pizano muriera por causas naturales ni que su hijo Alejandro falleciera por una ingesta accidental de cianuro en los términos planteados por el ente acusatorio.

En ese sentido, la corporación sostuvo que siguen abiertas hipótesis como muerte natural, suicidio, accidente u homicidio.

“Bajo este panorama, es evidente que, aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”, se lee en el fallo.

Uno de los reparos centrales apunta a la causa de muerte de Pizano. El tribunal señaló que “la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas”.

A su vez, citó la versión del médico patólogo, en la que explicó que la conclusión sobre muerte natural fue “una inferencia construida por descarte”. Además, notificó que se mencionaron posibles explicaciones metabólicas, glicémicas o relacionadas con medicamentos, sin que pudieran confirmarse ni descartarse.

La corporación también cuestionó la solidez de la tesis sobre la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano. Según el tribunal, “no quedó plenamente acreditado que la botella con cianuro y la secuencia descrita por la Fiscalía basten para cerrar el expediente”.

Los vacíos e inconsistencias que siguen abiertos

El tribunal sostuvo que la investigación todavía tiene vacíos que impiden descartar otras posibilidades. Una de las consideraciones fue que la finca El Ático “no era un lugar de acceso exclusivo y que varias personas podían entrar al inmueble”.

De igual forma, resaltaron que en ese sitio “tenían acceso familiares, trabajadores, personal de servicio y contratistas, además de un antecedente de intento de hurto”. Igualmente, se mencionó el testimonio de una empleada del lugar, en la que dijo haber encontrado una puerta abierta el día de los hechos.

Las declaraciones recogidas en el expediente también despertaron reparos. Según el Tribunal Superior de Cundinamarca, “ningún testigo vio de forma directa que Jorge Enrique Pizano hubiera ingerido alguna sustancia y otra empleada habló desde el comienzo de un posible suicidio sin exponer hechos concretos que sostuvieran esa versión”.

Adicionalmente, informaron sobre movimientos de objetos y solicitudes para guardar u ocultar un documento hallado en la habitación. Para el tribunal, esos testimonios no refuerzan la tesis de la Fiscalía y obligan a profundizar la pesquisa.

El análisis del teléfono celular hallado en el lugar de los hechos fue otro punto de discusión. De acuerdo con la investigación, el móvil registró actividad laboral y personal hasta el día del crimen, con reuniones, proyectos, pagos y conversaciones vinculadas incluso al caso Odebrecht.

No obstante, parte de los chats de la aplicación de mensajería WhatsApp no pudo recuperarse y los peritos plantearon dos posibilidades: que los hubiera borrado el propio usuario o un tercero. El tribunal consideró que ese dato también debe investigarse.

La posible relación con el caso Odebrecht

El expediente vuelve a cruzarse con el escándalo por los sobornos de Odebrecht. El tribunal reprochó que la Fiscalía no explorara de forma suficiente si ambas muertes guardan relación con ese contexto y con sus posibles beneficiarios.

Pizano había denunciado presuntas irregularidades y había expresado preocupación por su seguridad, por lo que el tribunal pidió examinar la posible conexión con los sobornos de Odebrecht, sus beneficiarios no identificados o personas ya judicializadas y condenadas en Colombia o en el extranjero.

“Existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural. Ninguna ha sido demostrada conforme al estándar probatorio exigido”, expuso el tribunal en el fallo.

El fallo también mencionó como hipótesis plausible “la elemental de que pudo también haber sido sujeto pasivo de homicidio”.

Con ese panorama, la causa seguirá abierta y la Fiscalía deberá agotar las líneas pendientes antes de intentar cerrarla otra vez. La orden judicial apunta a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron ambas muertes y a determinar si hay responsabilidades penales.

Jorge Enrique Pizano murió el 8 de noviembre de 2018 en la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca), y su hijo Alejandro falleció el 11 de noviembre en el mismo inmueble.