Defensoría del Pueblo hizo contundente llamado a Abelardo de la Espriella para que cumpla el Acuerdo de Paz: “Tiene la obligación constitucional”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que durante su mandato garantice la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. La funcionaria afirmó que el próximo gobierno tiene una “obligación constitucional” de cumplir los compromisos derivados del acuerdo y advirtió que cualquier modificación en las entidades responsables de esa política deberá orientarse a fortalecer su ejecución y no a detenerla.

El pronunciamiento se produjo durante la instalación del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, donde Marín recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció el deber de todas las autoridades del Estado de actuar de buena fe frente a lo pactado en el acuerdo de paz. Su intervención se conoció pocos días después de que el presidente electo anunciara una reestructuración de las dependencias encargadas de la implementación de la política de paz.

“Tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final y, en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”, comenzó diciendo.

Y agregó: “El artículo 2 de ese acto legislativo estableció que esta disposición regirá hasta la finalización de tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final. El próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, inicia el tercer periodo de gobierno que, en cabeza del nuevo presidente, tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz y seguir avanzando hacia nuestra Constitución de la paz”, manifestó la defensora.

Llamado a mantener la implementación sin interrupciones

Durante su intervención, Marín señaló que el Gobierno entrante tiene la facultad de reorganizar las entidades y equipos encargados de la implementación del acuerdo de paz, pero insistió en que esos cambios no deben generar retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y las víctimas.

“Frente a los anuncios de reorganización de las instancias y agencias de gobierno encargadas, reconocemos la facultad que tiene el Gobierno de reorganizar el equipo y la institucionalidad de acuerdo con su criterio. Pero ojo, no hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto y a no retroceder por dudas sobre si es mejor ir por un camino o por otro. La implementación debe continuar sin traumatismos y un buen gobierno debe disponer de todo lo necesario para impulsar lo avanzado y corregir lo necesario. La urgencia es para las comunidades, para las víctimas y para los firmantes de paz, que siguen asediados por riesgos y por la desprotección”, afirmó.

La defensora enfatizó que la continuidad de la implementación debe responder a las necesidades de las poblaciones que han sido beneficiarias del acuerdo y de quienes participan en el proceso de reincorporación, al tiempo que reiteró que el cumplimiento de lo pactado hace parte de las obligaciones constitucionales del Estado colombiano.

Los cambios anunciados por el gobierno electo

Las declaraciones de Iris Marín se producen luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara una reestructuración de la política de paz que comenzará a regir una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

Dentro de las medidas anunciadas, De la Espriella informó que desaparecerán la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz. Según explicó, las funciones de esas dependencias serán asumidas por el Comisionado Nacional de Seguridad.

Al presentar esa decisión, el mandatario electo aseguró: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”. Asimismo, indicó que el enfoque de su administración estará dirigido a la política de seguridad y cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al sostener que esa institución promueve la impunidad.

“A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, afirmó.

En la misma declaración agregó: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.