Clan del Golfo niega participación en protestas mineras de Segovia tras enfrentamientos con la fuerza pública

Las reacciones por los hechos ocurridos durante las protestas mineras en Segovia, Antioquia, continúan aumentando. En las últimas horas, el Clan del Golfo (también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) difundió un comunicado en el que rechazó las versiones que lo vinculan con las manifestaciones registradas el pasado 12 de julio, jornada que dejó a una persona muerta y varios heridos tras la intervención de la fuerza pública.

En el documento, atribuido al bloque Roberto Vargas Gutiérrez, el grupo armado asegura que no tuvo participación en las movilizaciones y responde a los señalamientos realizados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“De manera irresponsable y apresurada, el señor gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón nos ha sindicado de estar participando en las protestas que la población civil adelanta. Lo decimos de manera clara y directa, nada tenemos que ver con estas manifestaciones de quienes derivan su sustento de la pequeña minería (sic)”, señala el comunicado. El texto también plantea que la minería artesanal y ancestral requiere soluciones que permitan a las comunidades mantener su actividad sin que sea criminalizada. Además, sostiene que las respuestas frente a esta problemática deben incluir alternativas económicas para quienes dependen de ese trabajo como principal fuente de ingresos.

La jornada de protestas también abrió un debate sobre el procedimiento adelantado por las autoridades en el municipio. Habitantes de Segovia señalaron que durante la intervención participaron unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), tropas del Ejército Nacional y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que llegaron a la zona para controlar la situación.

Uno de los principales reclamos de la comunidad está relacionado con el uso de gases lacrimógenos. Según testimonios recogidos por medios regionales, estos elementos habrían alcanzado sectores residenciales cercanos al lugar de los enfrentamientos, afectando a familias que permanecían en sus viviendas. Algunos habitantes aseguraron que tuvieron que salir de sus casas debido a la presencia de humo y gases, entre ellos menores de edad.

La comunidad también cuestionó las circunstancias que rodearon el operativo y pidió que se esclarezca la actuación de las autoridades durante la protesta. Un ciudadano consultado por El Colombiano afirmó que habría existido una coordinación entre la fuerza pública y la empresa minera Aris Mining para ejecutar la intervención. Frente a esa versión, la compañía manifestó que se trató de un procedimiento relacionado con asuntos de orden público y remitió la información entregada por las autoridades.

Otro de los hechos que permanecen bajo investigación es la muerte de un joven durante los disturbios. De acuerdo con información entregada por fuentes militares al medio anteriormente citado, el fallecimiento ocurrió luego de un supuesto intercambio de disparos entre un manifestante y un integrante del Ejército. La institución aseguró que un soldado reaccionó después de un ataque armado contra una patrulla que se encontraba en la zona. Tras ese episodio, un hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente murió. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de la víctima ni han establecido si existía alguna relación con grupos armados ilegales.

Desde la Gobernación de Antioquia, el mandatario Andrés Julián Rendón atribuyó los hechos a una posible reacción del Clan del Golfo frente a los operativos contra la minería ilegal en la región. El gobernador respaldó la actuación de la fuerza pública y convocó un consejo de seguridad para definir las medidas frente a la situación.

“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, señaló el gobernador.

Rendón aseguró que continuaban varios bloqueos en los accesos al municipio y denunció la quema de vehículos, así como ataques contra unidades militares. Según explicó, algunos sectores de la población estarían siendo utilizados por estructuras criminales para participar en las movilizaciones.

La situación en Segovia ocurre en medio de una histórica disputa alrededor de la actividad minera en el nordeste antioqueño. Mientras los pequeños mineros reclaman alternativas para continuar con su labor y evitar la pérdida de su sustento, las autoridades sostienen que parte de la minería ilegal está relacionada con estructuras criminales y genera impactos ambientales en el territorio.