El coque metalúrgico colombiano quedó ante un nuevo obstáculo para competir en India, uno de los destinos más relevantes para este producto. La decisión de ese país de imponer un arancel antidumping durante cinco años abrió una nueva preocupación para el sector, que advierte un fuerte impacto sobre las exportaciones nacionales.
Fenalcarbón señaló que el gravamen establecido por las autoridades indias alcanza los US$118,55 por tonelada para el coque metalúrgico colombiano de bajo contenido de ceniza (Low Ash Metallurgical Coke). Según el gremio, esta tarifa representa cerca de la mitad del valor comercial del producto, cuyo precio de referencia en el mercado indio se ubicó entre US$225 y US$230 por tonelada durante 2025.
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La organización sostiene que esta medida reduce de manera significativa la capacidad de competencia de las empresas colombianas en ese mercado y atribuye la situación a una falta de acompañamiento del Gobierno durante la investigación antidumping adelantada por India. Según Fenalcarbón, la Dirección General de Medidas Comerciales de India notificó oficialmente al Estado colombiano el inicio del proceso el 29 de marzo de 2025. Meses después, en noviembre del mismo año, fueron publicados los resultados preliminares de la investigación, información que, según el gremio, fue comunicada oportunamente al Ministerio de Comercio.
Sin embargo, la federación asegura que no se estructuró una estrategia técnica, institucional ni diplomática para defender la posición de los exportadores colombianos ante las autoridades indias. A su juicio, la falta de intervención permitió que el proceso avanzara sin una representación efectiva del país.
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“Como consecuencia de esta negligencia y omisión por parte del Gobierno, la autoridad india decidió imponer un derecho antidumping definitivo, vigente durante los próximos cinco años, significando un gravamen que equivale a cerca de la mitad del valor comercial del coque y que, en la práctica, hace inviable competir en ese mercado”, afirmó.
El gremio también cuestionó que ningún productor o exportador colombiano haya respondido el cuestionario solicitado durante la investigación, pese a que la Embajada de Colombia en India fue notificada oficialmente del proceso. Fenalcarbón explicó que, ante esa ausencia de participación, la autoridad investigadora basó sus conclusiones principalmente en la información entregada por los productores indios. Para el sector, esta situación evidencia fallas en la coordinación entre las entidades encargadas de defender los intereses comerciales del país.
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”Resulta inaceptable que el Gobierno haya permanecido pasivo frente a una investigación que comprometía uno de los principales mercados del coque colombiano. La falta de coordinación institucional y de defensa técnica terminó entregando el caso sin oposición, con consecuencias que hoy pagarán las empresas, los trabajadores y el país”, señaló.
India representa un mercado estratégico para la industria colombiana de coque debido al crecimiento de su sector siderúrgico y al tamaño de su demanda industrial. En 2022, Colombia exportó hacia ese país 678.579 toneladas de coque, por un valor FOB superior a US$163 millones, una cifra que llegó a representar hasta el 18 % de las exportaciones nacionales de este producto.
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El coque metalúrgico, derivado del carbón, es producido principalmente en regiones como Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, donde tiene un papel relevante dentro de la actividad industrial y exportadora. Ante el nuevo escenario comercial, Fenalcarbón advirtió que las empresas afectadas podrían analizar acciones judiciales al considerar que la falta de defensa institucional durante el proceso pudo generar perjuicios económicos.
El gremio también pidió al nuevo Gobierno y al ministro de Comercio entrante, Mauricio Gómez Amín, activar mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos que permitan reducir el impacto de la medida y recuperar las condiciones de acceso al mercado indio. Para Fenalcarbón, el caso no representa únicamente una disputa comercial entre productores, sino una señal de la importancia de fortalecer la defensa de los intereses económicos del país frente a decisiones internacionales que afectan sectores estratégicos.
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