La ciudadana colombiana Michel Daiana Martínez González, de 29 años, fue condenada el 6 de julio de 2026 a 210 meses —17 años y 6 meses—de prisión federal en la ciudad de Omaha, estado Nebraska, Estados Unidos, por dos cargos de trata sexual de menores con violencia.
Según la información suministrada de la Fiscalía Federal del Distrito de Nebraska (United States Attorney’s Office in the District of Nebraska), Martínez González ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2022 y comenzó a ser investigada tres años después, luego de que la Policía de Omaha recibiera un reporte por robo el 6 de enero de 2025.
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Al llegar al lugar, los agentes detectaron indicios de explotación sexual en dos menores de edad. En el operativo, una fuerza especial compuesta por la policía local y oficiales del Homeland Security Investigations rescató a dos mujeres menores, de 15 y 16 años.
Tras indagaciones preliminares, las autoridades determinaron que las jóvenes habían sido trasladadas desde otro estado hasta un hotel (AmericInn Hotel) en la ciudad de Omaha para ser explotadas sexualmente.
El reporte del ente investigador estadounidense también incluyó que las víctimas declararon que Martínez González y Eduardo José Perdomo, otro ciudadano latinoamericano cuya nacionalidad no fue especificada, publicitaban sus servicios sexuales en línea y coordinaban encuentros con compradores.
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Además, Alfredo Manuel Zambrano Hurtado, ciudadano venezolano de 26 años y condenado en el mismo proceso, admitió haber transportado a Perdomo y a las víctimas hasta el estado de Nebraska, así como haber vigilado en el hotel durante los hechos, en “al menos dos ocasiones”.
En su declaración, Martínez González reconoció que tenía conocimiento de que las víctimas eran menores de edad y que Perdomo, su par delictivo, “tenía un acuerdo con empleados del hotel para que pudieran acceder sexualmente a las jóvenes a cambio de alojamiento”.
También confesó que pagó a un hombre en República Dominicana para manejar con renta “dos páginas web de anuncios de servicios sexuales”, una de las cuales usó para ofrecer a las menores.
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La fiscal federal Lesley A. Woods afirmó durante la audiencia: “No todas las cárceles tienen rejas. Homeland Security Investigations liberó a estas niñas de una prisión física y mental al desmantelar esta organización criminal y sacarlas de las calles de Nebraska para poner verdaderas rejas entre estos traficantes y las menores a las que explotaban diariamente”.
Woods calificó los hechos como actos de “maldad”, de los cuales no hay uno más grande “que aquel que se beneficia económicamente del tráfico sexual de un niño por la fuerza y de la esclavitud de niños en la industria del sexo comercial”.
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“Martínez González explotó a los niños de una manera inconcebible para su propio beneficio egoísta. Emigró ilegalmente a Estados Unidos para cometer los peores crímenes imaginables contra los niños de nuestro país. Se merece cada segundo, minuto, hora y mes de su sentencia de prisión federal, y más. Los traficantes de personas no son bienvenidos en Nebraska, y harían bien en irse antes de que los atrapemos, porque no se les mostrará piedad alguna si llegamos a ellos primero”, dijo la funcionaria.
El caso forma parte de una operación de la Homeland Security Task Force (Hstf), una fuerza especial creada para combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico en Estados Unidos y el extranjero.
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Adicional a la pena de cárcel, la sentencia incluye cinco años de libertad supervisada tras su liberación y el pago de una multa especial de 10.000 dólares bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata Sexual. Según las autoridades norteamericanas, para la connacional, “no existe posibilidad de libertad condicional en el sistema federal estadounidense”.
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