Algunos de los ministros designados por el Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las declaraciones del mandatario Gustavo Petro sobre los resultados electorales del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta presidencial). De acuerdo con el jefe de Estado, se deben analizar algunas irregularidades que presuntamente se habrían presentado en los comicios, las cuales pondrían en duda la victoria de De la Espriella en las urnas.
“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró el presidente en su cuenta de X.
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Ministros de De la Espriella rechazaron la postura de Gustavo Petro
Al respecto, los jefes de cartera entrantes aseguraron que la voluntad popular expresada por la ciudadanía en las elecciones presidenciales es suficiente para darle legitimidad al cargo que ostentará De la Espriella a partir del 7 de agosto, fecha en la se posesionará como jefe de Estado de Colombia.
Por eso, a juicio de los próximos funcionarios del Estado, el presidente Petro sobrepasó una línea “infranqueable” en la democracia: la del respeto de la decisión electoral de los colombianos y del Estado de derecho. Desde su perspectiva, las declaraciones del mandatario saliente no son “un asunto trivial”, puesto que dejan en evidencia su postura “antidemocrática”.
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“Estamos aquí para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada libremente en las urnas, que eligió como presidente de la República a Abelardo de la Espriella y como vicepresidente a José Manuel Restrepo. Esa voluntad popular es inapelable y constituye el fundamento de la legitimidad democrática”, precisaron.

Así las cosas, informaron que, tras la orden que dio De la Espriella de suspender el empalme con la administración Petro, el traspaso de información para hacer la respectiva transición de Gobierno continuará. “Este gabinete designado continuará sus labores de recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción, que seguirá adelante sin pausa”, indicaron.
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Abogado de Petro se pronunció: pidió continuar con el empalme
El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, solicitó a los ministros entrantes e integrantes del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella dar continuidad al proceso de transición de Gobierno como corresponde. “Dejen de dilatar e insultar y pónganse a trabajar”, señaló.

Según explicó, los procesos de empalme no pueden ser considerados mecanismos anticorrupción, así como tampoco pueden ser catalogados como escenarios para hacer debates de control político o juzgamientos. Recalcó que su objetivo se centra en la realización de un análisis del estado en el que se encuentra la administración, lo que quiere decir que el abordaje es netamente técnico y administrativo y con miras a la planeación.
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En ese sentido, en el empalme se verifican las condiciones sociales, económicas, financieras, presupuestales, jurídicas y administrativas que se tienen, para así poder iniciar el nuevo Gobierno. Ahora bien, si se detecta alguna anomalía en ese trámite, debe ser denunciado ante las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes.

“El resultado de un empalme no constituye, por sí mismo, una declaración de ilegalidad, un hallazgo de corrupción o una imputación de responsabilidades. Si durante ese ejercicio se detectan posibles irregularidades, estas deberán ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que, dentro del debido proceso y conforme a sus competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar”, indicó.
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Así las cosas, el abogado aclaró que el empalme no debe ser tomado como una auditoría para identificar actos de corrupción. Asumirlo de esa manera constituye un acto de desconocimiento de mecanismos ya existentes, utilizados para verificar la gestión de los funcionarios.
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