
El centro de estudios presentó una hoja de ruta para el próximo Gobierno en la que plantea ajustes graduales al modelo actual, con el énfasis en recursos, gobernanza e incentivos, sin eliminar las EPS. Las dificultades que enfrenta el sistema de salud ya se sienten en hospitales, clínicas y hogares. El aumento de las tutelas, las barreras para acceder a servicios y el deterioro financiero de las entidades reflejan una crisis que, para Fedesarrollo, requiere soluciones estructurales más que un cambio de modelo.
Con ese diagnóstico, el centro de estudios presentó una propuesta dirigida al Gobierno 2026-2030. El documento plantea que el sistema puede recuperar su sostenibilidad sin desmontar las EPS, siempre que se corrijan los problemas de financiamiento, los incentivos y la gobernanza. La entidad sostiene que el debate no debería centrarse en reemplazar a los actores actuales, sino en cerrar la brecha entre los recursos disponibles y el costo real de la atención en salud. Ese desbalance, asegura, explica gran parte de las dificultades que hoy enfrenta el sector.
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Los indicadores financieros muestran la magnitud del problema. Durante 2025, la siniestralidad, la relación entre gastos e ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), llegó a 109,5%, mientras el patrimonio consolidado de las EPS registró un saldo negativo de $10,2 billones.
A esto se suma una deuda de $25,7 billones con hospitales y clínicas, situación que compromete la liquidez de la red prestadora y la continuidad en la atención de los pacientes. El impacto también alcanza a los usuarios. En 2025 se presentaron 312.500 tutelas relacionadas con salud y 1.932.664 reclamos por barreras de acceso a tecnologías y servicios, equivalentes al 92,6 % del total de reclamaciones. Además, el gasto de bolsillo de los hogares con menores ingresos aumentó de manera significativa. Entre 2023 y 2024, el quintil más pobre pasó de destinar el 7% al 12% de sus ingresos para cubrir gastos en salud.
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“La crisis ya no está en los balances: está en los hogares. El gasto de bolsillo del quintil más pobre subió cerca de 71% en un solo año, y para muchas familias eso significa tener que elegir entre comprar un medicamento o la comida. Cuando el acceso efectivo depende de la capacidad de pago o de interponer una tutela, las desigualdades que el sistema había ayudado a reducir vuelven a ampliarse. Ese es el verdadero costo de no corregir a tiempo”, aseguró Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo y coautor del documento.

Frente a este panorama, Fedesarrollo propone que el próximo Gobierno reconozca la insuficiencia de recursos y avance en un ajuste progresivo de la UPC con criterios técnicos que permitan reducir la brecha entre ingresos y costos. La propuesta también contempla un mecanismo de compensación multilateral para sanear las obligaciones entre la Adres, las EPS, las IPS y los operadores farmacéuticos, con el fin de depurar las deudas acumuladas y mejorar la liquidez del sistema.
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Así mismo, advierten que aumentar los recursos no resolverá por sí solo la crisis. Se considera necesario modificar los incentivos para priorizar la calidad, el acceso oportuno y los resultados en salud. “El error del debate es reducir el problema a un asunto de intermediación financiera. Lo que está en juego no es defender a un actor u otro, sino preservar una función económica esencial: la gestión del riesgo en salud, que coordina prevención y atención para mantener sana a la población y evitar complicaciones costosas”, afirmó David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y coautor del estudio.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, aseguró que el problema es estructural. “La corrupción existe y debe combatirse con severidad. Pero el deterioro del sistema no puede explicarse únicamente por la corrupción o la mala gestión: golpea incluso a entidades intervenidas por el propio Estado, y apunta a un problema mucho más estructural, un desbalance creciente entre lo que cuesta la salud y los recursos que la financian. Por eso el debate no debería ser refundar el sistema o defenderlo tal como está, sino corregir su financiamiento, sus incentivos y su gobernanza”.
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El estudio también recuerda que la cobertura del sistema pasó de menos del 25% a cerca del 99% de la población en las últimas tres décadas, aunque ese crecimiento superó el ritmo de la financiación. Además, advierte brechas regionales: el 45% de los especialistas se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, mientras once departamentos siguen con una oferta insuficiente de servicios médicos.
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