Estas son los cambios que debería implementar Abelardo de la Espriella para salvar el sistema de salud, según la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina entregó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella una propuesta para reformar el sistema de salud en Colombia con un plan de choque financiero, un fondo único estatal y la transformación de las EPS en gestoras de riesgo, con el argumento de que esas medidas son necesarias para evitar el colapso de la red hospitalaria y sostener una reorganización de largo plazo.

El documento parte de una cifra central: el sistema moviliza entre $150 billones y $160 billones al año al sumar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Soat, las ARL, el gasto de bolsillo y los regímenes especiales.

La entidad sostiene que el problema no es solo el volumen de recursos, sino su administración, y estima una pérdida de 25% por ineficiencia, sin contar la corrupción.

La propuesta fue entregada al equipo de empalme del presidente electo y al grupo de salud liderado por Iván Sánchez.

La Academia plantea que las decisiones más urgentes deben concentrarse en inyectar recursos frescos, garantizar la atención de los pacientes con mayor riesgo y fortalecer las instituciones encargadas de regular, financiar y vigilar el sector.

Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, resumió el criterio que orienta el documento durante su presentación: “No debe haber un sistema de salud de gobierno sino de Estado, y eso implica tener un plan de beneficios que el país pueda financiar en una proyección a mínimo de 30 años”.

La hoja de ruta fue construida durante ocho meses de trabajo con 14 grupos especializados y más de 30 sesiones. En ese proceso participaron aseguradoras, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios, economistas, farmacéuticas, secretarios de salud, asesores jurídicos, auditoras, educadores y autoridades sanitarias.

El diagnóstico identificó una combinación de problemas financieros, administrativos y de gestión: complejidad administrativa, fallas en el flujo de recursos, desarticulación entre actores, inequidad territorial, debilidad de la atención primaria, dificultades de financiación, intermediación e irregularidades en distintos niveles del sistema.

La respuesta principal de la entidad en materia de aseguramiento y financiación es que el Estado asuma el papel de asegurador único dentro de un sistema público con participación privada.

También propone unificar los regímenes contributivo y subsidiado, creados por la Ley 100 de 1993, en un solo esquema con un plan de beneficios igual para todos los afiliados.

En ese modelo, las EPS dejarían de administrar los recursos financieros. Su función pasaría a ser la gestión del riesgo en salud y del riesgo operativo, y su remuneración dependería de los resultados obtenidos.

La propuesta también responde de forma directa al interrogante sobre qué cambiaría en la estructura del sistema: habría un único asegurador estatal, las EPS ya no manejarían el dinero, se integraría el aseguramiento en un solo régimen y se pondría en marcha un plan de choque para sostener la atención mientras avanzan las reformas.

En gobernanza, la Academia propone fortalecer técnicamente al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud.

El documento también plantea que el valor de la Unidad de Pago por Capitación sea definido por una entidad técnica independiente. A eso suma sistemas de información más sólidos, mayor transparencia y participación de la Contraloría para vigilar riesgos financieros y operacionales.

En prestación de servicios, la entidad propone consolidar redes integradas entre instituciones públicas, privadas y mixtas para garantizar la continuidad de la atención entre niveles de complejidad.

También pide eliminar la integración vertical entre aseguradores y prestadores, diferenciar los modelos de atención para zonas urbanas y rurales, y fortalecer la atención domiciliaria y la hospitalización en casa.

Uno de los capítulos más extensos está dedicado al talento humano. Junto con la Ascofame, la Academia elaboró una propuesta para ajustar la formación médica y sanitaria a las necesidades demográficas y epidemiológicas del país, con prioridad en médicos familiares, personal de enfermería y profesionales de salud mental.

El documento advierte además sobre la persistencia de contratos por prestación de servicios, la tercerización laboral y los pagos tardíos al personal sanitario. En esa línea, señala: “La mayor urgencia es fortalecer la formación de médicos familiares, enfermeras y profesionales en salud mental, al tiempo que se superan las condiciones de precarización laboral que afectan a quienes sostienen el sistema”.

La propuesta incorpora un capítulo de tecnología y sistemas de información que pide una política nacional de ciencia y tecnología en salud de largo plazo.

Allí recomienda incorporar herramientas como inteligencia artificial generativa, telemedicina, telesalud, blockchain y genómica para evaluar el sistema por resultados en salud y no solo por indicadores financieros o de infraestructura.

La entidad insistió además en que una mayor proporción de los recursos debe orientarse a la prevención y a la atención primaria. Ese punto aparece ligado a la idea de corregir el desarrollo insuficiente de ese nivel de atención dentro del modelo actual.

Como respaldo a su diagnóstico, el documento cita datos de la Ocde sobre gasto y talento humano. Ese organismo calcula que Colombia destina 8,1% del producto interno bruto a salud, por debajo del promedio de sus países miembros, que llega a 9,3%.

La brecha también aparece en el personal disponible: Colombia tiene 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras el promedio de la organización es de 3,9 médicos y 9,2 enfermeras.

Para la Academia, esa diferencia limita la capacidad de respuesta del sistema y refuerza la necesidad de una reforma estructural.

El columnista José J. Vergara Díaz realizó un análisis, para El Meridiano, en el que destaca especialmente el planteo de centralizar la administración financiera en la Adres, lo que convertiría al Estado en asegurador único, dejando a las EPS solo como gestoras de riesgo sin manejo de recursos.

Si bien la figura del pagador único simplificaría procesos y permitiría mayor control, el experto advirtió sobre los riesgos de concentrar todos los fondos en un solo actor, especialmente considerando la reciente crisis del sistema, marcada por deudas crecientes, servicios suspendidos y dificultades de acceso.

Así mismo señaló que, en el contexto colombiano, la falta de pagos oportunos y decisiones administrativas inadecuadas ya han ocasionado graves problemas, y que un modelo centralizado podría amplificar esos efectos negativos si el administrador único falla.

El documento de la Academia, no obstante, insiste en la importancia de fortalecer la independencia técnica, la transparencia y la vigilancia institucional, y propone implementar auditorías, interoperabilidad de la información y una gobernanza que evite la influencia de intereses políticos en la distribución de recursos.

Finalmente, Vergara advirtió que centralizar la gestión de recursos exige niveles de capacidad y confianza institucional que aún no están garantizados en Colombia, y que cualquier reforma debe debatirse sin posturas dogmáticas, dado que está en juego el bienestar de toda la población.