Empresarios alertan sobre la llegada a Colombia de fábricas chinas que pueden acabar con el sector industrial: “La nueva esclavitud”

La advertencia sobre las fábricas chinas en Colombia dejó de ser una hipótesis para una parte del sector industrial, que ve en ese desembarco una amenaza directa para la producción nacional, el empleo y los controles ambientales. Por medio de un informe, el sector denunció que la llegada de plantas chinas a Colombia responde a un esquema que combina dumping financiado (competencia desleal) con subsidios estatales, trabajo forzado, etiquetado fraudulento, importación de insumos y trabajadores, e incumplimientos laborales y ambientales.

El documento, titulado La nueva esclavitud China en América Latina: trabajo forzado, dumping y cooptación regulatoria: el modelo que Colombia no puede seguir ignorando, sostiene que ese patrón ya afectó a sectores industriales de Perú, México y Brasil y que ahora empezó a replicarse en territorio colombiano con un caso señalado en Ibagué, Tolima, lo que se ve como un fenómeno en un nuevo ciclo de expansión.

Según el análisis, el proceso arranca con productos a precios de dumping, sigue con etiquetado fraudulento e importación masiva y termina con fábricas sostenidas por capital subsidiado por el Estado chino. El último tramo, añade, se apoya en trabajadores sin derechos y en precios que una economía con una ley laboral y social que no se puede replicar.

El texto advierte además que “América Latina está viviendo ese momento, y lo está padeciendo con sus gobiernos mirando en otra dirección y la preocupación de sus industriales”.

La alerta también se conecta con la formalización de la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre Colombia y China, firmada el 14 de mayo de 2025. Según el análisis, ese paso acelera una asimetría que la industria colombiana no está en capacidad de resistir y frente a la cual no hay antecedentes de defensa comercial.

Alerta se concentra en la instalación de una planta en Ibagué

Uno de los hallazgos que expone el informe se ubica en Ibagué, Tolima. Allí identifica la instalación de una planta cerámica de ACME Industrial y B6 El Arrayán S.A., incluida, según el documento, con la venia de autoridades locales bajo la apariencia de inversión extranjera.

Se plantea en el texto que, a la luz de los casos documentados en Perú y México, ese tipo de instalación podría terminar en delitos ambientales, explotación laboral y prácticas de esclavitud moderna. También estima que el parque industrial que ya se construye en la ciudad es de 600.000 metros.

Ese tamaño, agrega, abre la puerta a que se instalen otros renglones industriales como acero y productos vinculados con el sistema constructivo liviano, entre ellos vidrio, yeso, cartón o drywall. La advertencia del sector es que estas operaciones llegan con un ecosistema completo importado y sin encadenamientos con la economía local.

Ante esto, en el documento se señala que “la esclavitud no siempre llega con cadenas visibles. A veces llega con una licencia de construcción expedida en zona agrícola, una planta levantada sin estudio ambiental aprobado, un contrato que nadie firmó, y una etiqueta que dice ‘Hecho en Colombia’ sobre un producto que ningún colombiano fabricó”.

Agrega el análisis que, cuando aparece una planta vinculada a capital chino, suele llegar acompañada de maquinaria, ingeniería, técnicos chinos, distribuidores, proveedores energéticos, financiamiento y trabajadores. Menciona como antecedentes los casos de Porcelatino/Tengda, en Perú, y Time Ceramics, en México.

Cifras del sector muestran una brecha de escala imposible de igualar

La magnitud de la brecha productiva ocupa un lugar central en la alerta. Según el texto, China puede producir en tres días lo que Colombia produce en un año entero. En el caso de la industria cerámica, la producción colombiana se ubica entre 60 y 75 millones de metros cuadrados al año. China, en contraste, produce 8.500 millones de metros cuadrados anuales.

La comparación arroja una distancia de entre 113 y 142 veces toda la producción colombiana. Dicho de otro modo, por cada metro cuadrado fabricado en Colombia, la producción china supera el centenar. El documento sitúa esa desproporción fuera del terreno de la eficiencia empresarial tradicional. La tesis es que la discusión de fondo no se limita a la productividad, sino que involucra la legalidad de esas empresas y la escala con la que entran a competir.

También pone el foco en el peso del sector cerámico dentro de la manufactura nacional. El texto señala que la cadena va desde la minería de arcillas hasta la distribución de revestimientos y que agrupa a más de 90 empresas formales asociadas a los fabricantes.

Las denuncias apuntan a empleo, agua y cumplimiento de normas

Para el gerente de Cerámica San Lorenzo, Fabián Angarita, el problema supera una disputa de mercado. “Lo que estamos presenciando es un modelo de expansión industrial que, para sostener sus márgenes predatorios, está sacrificando fuerza laboral de los países en los que se instala, así como los ecosistemas. No es solo competencia desleal; es una precarización estructural”.

Angarita añadió que “al importar masivamente mano de obra e insumos, están desmantelando el tejido laboral local, dejando a nuestra industria sin capacidad de respuesta más que intentar, desesperadamente, homologar una productividad que, bajo un esquema de subsidios externos, es imposible de alcanzar”. Destacó que “el resultado inmediato es el cierre de plantas y el despido masivo de trabajadores locales, quienes pierden su sustento frente a una competencia que juega con reglas distintas”.

La otra alerta del directivo apunta a las condiciones en las que operarían esas instalaciones. “Hemos detectado una negligencia sistemática: instalaciones que operan en la sombra, sin objetos de manufactura declarados ni permisos ambientales o de construcción”, apuntó.

Puntualizó que “lo más grave es la amenaza real e inmediata sobre nuestros recursos hídricos y la gestión de emisiones; estas actuaciones actúan como si nuestras normas ambientales no existieran”. El informe ya había advertido que este tipo de producción exige atención urgente por su consumo de agua.

El sector industrial también sostiene que estas inversiones directas no generan empleo ni proveeduría local y que, por el contrario, marchitan industrias ya instaladas mediante la importación de insumos, trabajadores y productos a precios depredadores.

La petición final se dirige al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El sector pide proteger con urgencia el empleo de la industria nacional y revisar los acuerdos comerciales vigentes con China.