
La creación de la Notaría 82 en Bogotá, oficializada el 5 de junio para operar en San Victorino, quedó bajo revisión después de que surgieran versiones sobre gestiones políticas en el proceso y dudas sobre cómo se tramitó el decreto que abrió el nuevo despacho.
El caso ya llegó al equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella en el sector Justicia. El penalista Iván Cancino recibió la investigación sobre esta notaría y sobre otros nombramientos recientes dentro del sistema notarial.
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Según una investigación de El Tiempo, tanto el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, como el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, dijeron no tener claridad sobre el trámite que culminó con la expedición del decreto.
El ministro sostuvo que su cartera solo revisa la viabilidad jurídica de los estudios remitidos por la Superintendencia, mientras que el superintendente afirmó que cuando llegó a la entidad el análisis técnico ya estaba elaborado.

Cuervo explicó que “la necesidad del servicio la establece la Superintendencia de Notariado, al ministerio llega la situación jurídica consolidada, se revisan requisitos, y si cumple, se firma el decreto”.
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Agudelo Sedano respondió sobre la presunta intervención de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal: “Desconozco ese punto. Yo llegué a finales de octubre del año pasado”.
En la Superintendencia de Notariado y Registro, funcionarios consultados por la publicación pidieron revisar cómo se desarrolló el proceso y hacer seguimiento a la designación del notario que quedará al frente del nuevo despacho. La inquietud se conecta con cuestionamientos previos sobre nombramientos de personas cercanas al petrismo en otras notarías del país.
Entre esos antecedentes, el diario mencionó la designación de la hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, y de una abogada cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Esos movimientos ocurrieron en las últimas semanas del gobierno saliente, según el mismo medio.
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La congresista señalada en las versiones internas es la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, cabeza de lista del Pacto Histórico por Bogotá. De acuerdo con esas versiones, habría tenido un papel relevante en las gestiones previas a la creación de la nueva notaría.
Ante los señalamientos, María Fernanda Carrascal negó haber estado detrás de la apertura del despacho, aunque admitió que sí acompañó una solicitud formulada por comerciantes del sector. Según su relato, desde 2020 empresarios de San Victorino le pidieron apoyo para recuperar un servicio notarial que, afirmó, había sido creado durante el gobierno de Iván Duque y luego trasladado a otra zona de la ciudad.
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“La notaría se crea por una necesidad, porque la comunidad lo solicita. Se crea en el gobierno Duque, pero se trasladó y dejan a esa comunidad sin su notaría. Entonces, cuando entra el Gobierno Petro me convocan a mí y me piden que los ayude gestionando una reunión para ellos solicitar la notaría nuevamente porque sí la necesitan”, dijo la representante.
La congresista añadió que el trámite incluyó un estudio técnico y una mesa de trabajo con las autoridades competentes. “Cuando se hace el estudio ellos convocan una mesa de trabajo, ese estudio dura unas semanas o meses y está formal en un documento grande con toda la data y parámetros técnicos y si se dice que sí se necesita una notaría. De eso pasan dos años y hasta ahorita acaban de firmar la creación de la notaría porque existe la necesidad”.
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El principal argumento expuesto por Carrascal para respaldar la apertura de la notaría fue el peso comercial de San Victorino. Según explicó, la zona reúne a más de 11.000 pequeños empresarios distribuidos en 57 centros comerciales y cerca de 3.500 establecimientos, con un alto flujo de dinero en efectivo y operaciones bancarias.
La representante insistió en que la iniciativa no fue suya y rechazó que hubiese existido influencia política. “Yo no me inventé una notaría. Yo no salí a decir qué rico que se cree una notaría en San Victorino. Fue porque los comerciantes dijeron: ‘teníamos una notaría creada y se la llevaron para otra parte’. Qué debíamos hacer nosotros ignorar a la gentes? ¿El problema es que la hagamos nosotros?”.
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La investigación también incorporó otro frente de revisión: el papel de la abogada María del Pilar Murillo Rodríguez, que aparece en un documento de junio de 2025 como asesora del despacho del superintendente y de la oficina de comunicaciones de la entidad. Funcionarios de la Superintendencia pidieron que se indague su participación durante el proceso de creación de la nueva notaría.
Según el diario citado, Murillo hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Gustavo Bolívar y después trabajó en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Iván Velásquez.
En actuaciones radicadas ante la Corte Constitucional la abogada aparece ejerciendo la defensa de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Consultada por el medio, Murillo confirmó que trabaja como asesora del superintendente desde hace más de un año y que antes fue asesora de Iván Velásquez durante aproximadamente un año. También dijo que le sorprendería cualquier animadversión dentro de la Superintendencia frente a su labor.
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