Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal

Cinco ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos esta semana en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia por parte de Migración Colombia, en acciones que refuerzan la lucha contra el turismo con fines de explotación sexual y otras actividades ilícitas.

El saldo eleva a 95 los casos de inadmisión por turismo sexual en lo que va del año en el departamento y a más de 130 en todo el país.

Entre los casos detectados figura el de una mujer procedente de Estados Unidos, identificada por una alerta en la plataforma Angel Watch, que la señala como ofensora sexual de menores de edad. Los oficiales de Migración Colombia, tras consultar sus sistemas de información, determinaron inadmitirla y retornarla a su país de origen. Se trata de la segunda mujer rechazada en Colombia por este motivo.

Otros tres viajeros, también provenientes de Norteamérica, fueron detenidos durante los controles migratorios cuando se comprobó que su propósito en Colombia era realizar turismo vinculado a la explotación sexual. Las entrevistas migratorias permitieron descubrir nexos entre sus itinerarios y agencias que promueven actividades inapropiadas, lo que motivó la aplicación de la medida de inadmisión y el regreso inmediato a sus países.

En un hecho aparte, un ciudadano de nacionalidad peruana fue inadmitido tras declarar su intención de trabajar en minería sin la visa reglamentaria. El extranjero mencionó que planeaba operar en minas de oro no registradas en los municipios de Segovia y Mutatá, en el Urabá antioqueño, lo que constituye un motivo de exclusión del país.

De acuerdo con la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, la entidad incrementó la preparación de sus oficiales para identificar y evitar el ingreso de personas que puedan representar riesgos para la infancia, la adolescencia y las mujeres, o que busquen desarrollar actividades ilícitas como la minería ilegal.

Las autoridades migratorias sostienen que el turismo sexual y la explotación laboral irregular afectan la imagen internacional del país y ponen en peligro la seguridad de las comunidades locales. La inadmisión de estos extranjeros refleja la rigurosidad de los controles y la prioridad institucional para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

La captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, marca un punto de inflexión en los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Colombia y Costa Rica contra el crimen organizado transnacional. Este ciudadano costarricense fue localizado en Sabaneta, Antioquia, gracias a una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

La operación destaca la cooperación entre agencias y la efectividad de los mecanismos de intercambio de información, lo que permitió identificar y detener a uno de los principales miembros de la banda conocida como Los Saggy.

Las investigaciones atribuyen a Román Ovares la autoría intelectual y material de al menos 22 homicidios en Costa Rica. Esta cifra motivó la emisión de la notificación roja de Interpol, que facilitó su búsqueda y captura internacional. Además, se le vincula con el tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y la legitimación de recursos mediante la adquisición de comercios y vehículos de lujo.

El proceso de localización y arresto de alias Kokin se apoyó en el cruce de información entre la OCN Interpol Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica. Este trabajo colaborativo incluyó el uso de bases de datos internacionales, verificaciones en campo y la contribución de fuentes humanas especializadas para obtener datos sólidos sobre su paradero.

Actualmente, Román Ovares se encuentra bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que gestiona el proceso de extradición hacia Costa Rica. Allí deberá enfrentar a la justicia por los delitos imputados, en medio de una estrategia regional para combatir las redes criminales que trascienden fronteras.